Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La evolución cotidiana de los indicadores sobre la pandemia de covid-19 en Uruguay atrae gran parte de la atención, pero no deberíamos menospreciar otros problemas. En este sentido, el capítulo dedicado a nuestro país en el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en el mundo es un oportuno recordatorio.
La organización señala el efecto regresivo de varias disposiciones de la Ley de Urgente Consideración aprobada el año pasado en lo relacionado con el proceso penal, el sistema penitenciario, las protestas sociales y la libertad de expresión.
Uruguay ha sido “sistemáticamente observado a nivel internacional” por la elevada proporción de personas privadas de su libertad (que en el caso de las menores de 29 años llega casi a una de cada cien) y por las condiciones en que estas son recluidas, señaló AI. Algunas medidas de los últimos años aliviaron en forma parcial la situación, acotó, pero los artículos de la LUC en esta materia retoman la tendencia a incrementar los ingresos al sistema penitenciario y la permanencia en él mediante el aumento de penas, las limitaciones de la libertad anticipada y la derogación de la suspensión condicional de los procesos.
La organización también consideró muy preocupante la ampliación de las situaciones en las que se presume que existe una legítima defensa, “legitimando una especie de justicia por mano propia en defensa del derecho de propiedad”. Otros artículos cuestionados son los referidos a la disolución de movilizaciones de protesta con una “alta discrecionalidad” por parte de la Policía.
En lo que tiene que ver con la violencia de género, AI indica que la emergencia sanitaria agravó los riesgos, pero que sigue pendiente la implementación de la ley vigente desde 2017, a la que se asignaron recursos insuficientes en el presupuesto quinquenal.
A todo esto se agrega, también con relación a los derechos humanos y las cuestiones de género en Uruguay, otro informe, presentado por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre un relevamiento de la presencia femenina en cargos con poder de decisión. La igualdad sólo está presente en el hecho, muy lamentable, de que las mujeres fueron notoriamente minoría en esos cargos con independencia del tipo de institución en que se realizó el relevamiento, tanto en los tres poderes del Estado como en los gobiernos departamentales y locales, en los entes autónomos y servicios descentralizados, en las empresas privadas y las cooperativas, en los sindicatos y los gremios empresariales, y también en la Universidad de la República.
No terminemos sin decir algo sobre la covid-19. El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que los trabajadores de la salud piden más medidas porque “están ansiosos y nerviosos”, y que el Poder Ejecutivo no aplicó algunas recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario debido a que “un confinamiento total” requeriría un “Estado policíaco”. Lo que nadie sabe es en qué parte de esas recomendaciones, que se presentaron por escrito el 7 de febrero y son públicas, se habló de un “confinamiento total”.
Hasta mañana.