Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En el promedio de la última semana, Uruguay fue el país con el mayor registro de muertes por covid-19 en relación con su población. El fallecimiento de no menos de 50 personas por día desde hace más de tres semanas nos ubica en esa lamentable posición, pero el Poder Ejecutivo considera que mientras sigamos en esa “meseta” corresponde aguardar, sin nuevas medidas de prevención y prolongando la sobrecarga del sistema de salud, a que en algún momento los indicadores empiecen a descender, por el solo efecto de la campaña de vacunación.
De esos indicadores, hace un tiempo que los únicos realmente confiables son las cantidades de personas en cuidados intensivos y de muertes. La multiplicación de casos y el alto nivel de circulación comunitaria del virus ya superaron la capacidad de realizar un rastreo de contactos previos ante cada nuevo testeo positivo, como se hizo durante buena parte del año pasado.
Por lo tanto, realmente no sabemos cómo se contagió gran parte de las 25.971 personas registradas ayer como casos activos. Incluso ese dato perdió valor, ya que la ausencia de rastreo sistemático determina que seguramente haya muchos asintomáticos no detectados.
La ausencia de certezas les deja más espacio a los relatos sin base en evidencias. El año pasado, aunque muchos repitieran que el aumento de casos se debía a las movilizaciones sociales o a las tamborileadas juveniles, el rastreo desmentía esas afirmaciones cargadas de ideología. Hoy es inviable identificar con precisión en qué circunstancias se propaga más el virus, y cualquiera puede plantear impunemente la narrativa que le parezca más verosímil o le interese imponer.
En ese marco, el oficialismo, empezando por el presidente Luis Lacalle Pou, tiende a sostener que el problema está en una parte de la población que no ejerce su libertad en forma responsable. En esta versión sobre lo que sucede, se dibuja un culpable promedio que, a sabiendas y sin necesidad, desoye las recomendaciones sanitarias.
A su vez, esto desdibuja otras situaciones en las que no hay una decisión libre. Entre ellas, las de quienes se ven obligados a correr riesgos para trabajar, desde el viaje cotidiano en ómnibus con demasiados pasajeros hasta las actividades laborales que, por responsabilidad de los empleadores, se llevan a cabo sin las precauciones indispensables.
El caso del diputado colorado Omar Estévez, representante por Salto, llama la atención sobre estos peligros.
Lo que Estévez dijo en la conversación grabada que comenzó a circular ayer deja poco lugar a dudas sobre la medida en que está dispuesto a cumplir protocolos. De todos modos, el legislador alega que “por burro” habló de “positivos” cuando se refería a “hisopados”, y asegura que ningún trabajador de su empresa tuvo covid-19. Es muy sencillo comprobar si dijo la verdad y este caso particular debería quedar aclarado con rapidez, pero no cabe la menor duda de que el problema existe.
Cada día hay muchas personas que, para ganarse la vida, corren riesgos de morir. A esto se agrega, para peor, la tendencia a borrar del mapa su desgraciada situación. No nos olvidemos de esa gente ni dejemos que la ignoren.
Hasta mañana.