Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
No puede sorprender a nadie que el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou sea más privatizador que los del Frente Amplio (FA), pero conviene tener en cuenta algunos datos adicionales.
Los gobiernos del FA no fueron tan estatistas, ya que mostraron un considerable interés en atraer inversión privada extranjera (no siempre con resultados exitosos) y en impulsar distintas formas de asociación público-privada y de tercerización. Esto último incluyó, en varias áreas (entre ellas, la de las políticas sociales), convenios y otros tipos de acuerdo con organizaciones no gubernamentales (ONG).
Los cuestionamientos de quienes eran oposición hasta 2019 se centraron bastante en considerar excesivos y contraproducentes los desembolsos estatales, alegando que eran la causa de una alta presión tributaria y de un manejo de las tarifas con fines de recaudación. Al mismo tiempo, se afirmó que en varias tercerizaciones hubo favoritismo hacia “ONG compañeras”.
Hechas estas precisiones, podemos ver que la discusión sobre el megaproyecto de saneamiento que OSE se dispone a llevar adelante incluye algunas controversias clásicas sobre la conveniencia de que la obra sea realizada por el propio ente o por el sector privado. De todos modos, en lo referido a la gestión y el mantenimiento posteriores, el actual presidente oficialista de OSE, Raúl Montero, dice que deberían quedar en manos del Estado después de “un período corto”, y lo que objeta el representante del FA en el directorio, Edgardo Ortuño, es que esa perspectiva no esté “planteada con claridad en el proyecto”.
En lo que tiene que ver con las políticas sociales, las autoridades actuales han dejado sin efecto varios acuerdos con lo que consideran “ONG compañeras”, pero en buena medida las están sustituyendo por “fundaciones correligionarias”. Un caso notorio es el de la fundación A Ganar, cuyo contrato con el gobierno departamental de Paysandú fue observado por el Tribunal de Cuentas por deficiencias en la igualdad de condiciones, la publicidad y la transparencia.
La falta de transparencia se verifica también en lo relacionado con el Fondo Solidario Covid-19, del que recién en este proyecto de Rendición de Cuentas se detallan datos contables. Para empezar, cabe señalar que, más allá de que el discurso oficialista se haya referido muchas veces a ese fondo como un desembolso estatal para paliar los daños de la emergencia sanitaria, resulta que no es estatal en el corto plazo, ya que 85% del dinero provino de préstamos internacionales.
El impuesto a las retribuciones en el sector público tuvo, como se había previsto, un producido de escaso peso en el total del fondo, y las donaciones privadas fueron sólo 0,4%. En este último terreno, tiene de todos modos importancia que haya aportes anónimos, y especialmente uno por cerca de un millón de dólares.
La caridad bien entendida puede concretarse sin intenciones de figurar, pero con esa cantidad de dinero en juego sería mejor que no hubiera lugar a suspicacias, porque a veces las colaboraciones con el gobierno se realizan a fin de obtener algo a cambio, e ignorar el nombre del amable donante impide saber si fue así.
Hasta mañana.