Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El presupuesto quinquenal y sus modificaciones en las rendiciones de cuentas indican, en gran medida, las prioridades del Poder Ejecutivo, los programas con los que se propone encararlas, y los ingresos y egresos que considera necesarios. Es cierto que gran parte de los desembolsos estatales en Uruguay corresponde al pago de salarios, jubilaciones y pensiones, que condicionan el diseño presupuestal mientras no cambien otras normas, pero de todos modos las propuestas del Ejecutivo muestran cómo quiere moverse dentro del terreno en el que puede elegir.
A su vez, los debates en el oficialismo acerca del proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento señalan diferencias dentro de ese terreno acotado. Son menos profundas que las existentes entre el conjunto del oficialismo y la oposición, y expresan el nivel de unidad o de dispersión en la coalición de gobierno. Las diferencias que se han hecho explícitas entre los partidos de esa coalición confirman algunas tensiones poco novedosas.
Las vinculadas con el depósito de fondos públicos en la banca privada remiten a que la mayoría del Partido Nacional (PN) tiene una menor afinidad con lo estatal que el resto del oficialismo. Las relativas a la mezcla de biodiésel con el gasoil expresan que la fracción predominante en el PN valora más el interés de los productores agropecuarios que el impacto social que causaría ese cambio, y que en este asunto Cabildo Abierto (CA) se presenta como defensor de las fuentes de trabajo amenazadas, en una región del país con la que tiene fuertes vínculos.
En cuanto al traslado de fondos desde el Instituto Nacional de Colonización hacia programas para los asentamientos, parece bastante claro que responde a un acuerdo entre Presidencia y CA. Aumentarían los recursos de la ministra cabildante de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, a costa de una institución cuyas políticas durante los gobiernos frenteamplistas poca gracia le hicieron a la mayoría del PN. En este caso, las objeciones surgen desde el Partido Colorado (PC), que no tiene nada que ganar directamente con ese cambio.
Por último, las diferencias relacionadas con el control del cultivo no estatal de cannabis refieren a la existencia de posiciones socialmente más conservadoras en la mayoría del PN y en CA, enfrentadas con las de la mayoría del PC y las del Partido Independiente.
Es interesante cotejar el conjunto de esos debates con las apreciaciones sobre la situación económica del país y sus perspectivas planteadas desde el Centro de Estudios de la Realidad Social y Económica (Ceres), nada sospechoso de albergar posiciones izquierdistas.
Ceres considera que hay un contexto externo favorable para la reactivación de la economía, pero que el crecimiento posible en las actuales circunstancias no resolvería los actuales e importantes problemas de empleo, y que hay una situación deficitaria en materia de inversiones. Con este panorama, resulta muy llamativo, aunque no sea sorprendente, que ni el proyecto de Rendición de Cuentas ni las discusiones oficialistas sobre él jerarquicen posibles respuestas estatales en esas áreas.
Hasta mañana.