Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Tras el asesinato de Vladimir Roslik no hubo, como en muchos otros crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, un largo período de bloqueo de la investigación. Al médico de San Javier lo mataron en abril de 1984, menos de un año antes de las elecciones y de la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente.
Todo el país se pudo dar cuenta de que la intervención en el caso de la Justicia militar era insatisfactoria, porque sólo aplicó penas muy breves por responsabilidades indirectas, y no hay constancia de dificultades, en los 37 años transcurridos desde el homicidio, para acceder a los expedientes de tal intervención.
Eso habría permitido constatar que hubo declaraciones increíbles, pero que al juez militar Óscar Vilches le parecieron más valederas que las evidencias aportadas por dos autopsias independientes. Habría sido el punto de partida para una verdadera investigación sobre hechos que en aquel momento eran recientes. Pero esto no sucedió.
El fallo al que accedió la diaria mediante un pedido de acceso a la información pública fue entregado en su momento al ministro de Defensa Nacional, Juan Vicente Chiarino, quien se hizo patéticamente célebre en aquellos años por contestar, cada vez que se le preguntaba sobre un hecho que podía poner en apuros a violadores de los derechos humanos, “no tengo conocimiento”. El actual ministro del ramo, Javier García, declaró ayer en el Parlamento que él “no estaba en conocimiento” de ese documento antes del pedido de acceso.
En aquel momento el presidente no se dio por enterado de que el proceso a cargo de Vilches había sido una atrocidad. Sanguinetti es abogado, pero eligió a quiénes quería defender.
Según el fallo de Vilches, hubo 11 oficiales en el interrogatorio que le causó la muerte a Roslik. Uno de ellos era el entonces teniente Alberto Loitey, que el año pasado fue candidato a la intendencia de Soriano por Cabildo Abierto. El conductor de ese partido, Guido Manini Ríos, dijo ayer que hace mucho que no ve a Loitey, pero también afirmó: “Yo creo en la palabra de lo que él me dice”.
Quizá Manini confundió los tiempos verbales y quiso transmitir que hace mucho tiempo hablaron de la muerte de Roslik. En todo caso, no explicó qué fue lo que Loitey le dijo, hace mucho o hace poco, y él asegura que le cree.
García y Manini enfatizan que hasta ahora no se había hecho nada desde el Estado con el documento. Es, lamentablemente, cierto, pero cansa e irrita que el problema parezca ser definir a quién le corresponde la mayor factura, en vez de intentar que, de una vez por todas, haya justicia.
Esa es la prioridad de los familiares de Roslik. Cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó el pedido de reapertura del caso presentado por el fiscal Ricardo Perciballe, acotó que se puede abrir otro proceso si “la Fiscalía entiende que existen hechos nuevos” y otras personas involucradas. Eso es exactamente lo que ocurre, pero si no se abriera esa nueva causa, el tema será presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta le recuerde al Estado uruguayo, una vez más, las obligaciones de las que no quiere acordarse.
Hasta mañana.