Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En los debates con miras al referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), el oficialismo alega que el descenso de la criminalidad es consecuencia de disposiciones impugnadas. Esto es bastante discutible, pero en todo caso parece claro que no se puede decir algo semejante sobre los resultados de 34 artículos que serán sometidos a consulta popular y que están en la sección III de la LUC, titulada “Educación”.
Por supuesto, no tiene sentido esperar que un cambio en el sistema educativo tenga consecuencias rápidas, pero también ocurre que esos 34 artículos poco tienen que ver directamente con la educación. Ni a corto ni a largo plazo es sensato suponer que van a producir, por sí solos, algún efecto significativo en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sea cual fuere el criterio usado para medirla.
Los cambios que trajeron esos 34 artículos apuntan en gran medida a cuestiones de poder y mando. Por un lado, reducen la participación de representantes electos de los docentes, con la obvia intención de darles mayor protagonismo a las autoridades designadas por los partidos y al Consejo Directivo Central (Codicen). Esto tiene algo de paradójico, ya que el discurso oficialista destaca la importancia de que cada centro tenga un considerable grado de autonomía para definir su propio “proyecto”, pero a ese nivel la orientación es la misma, con bastante desconfianza y hostilidad hacia la participación docente, de modo que los “proyectos de centro” tienden a ser más bien de las direcciones, a las que el Codicen no parece, hasta ahora, muy dispuesto a darles mayores márgenes de decisión.
Otra prioridad relacionada con la cadena de mandos tiene que ver con asignarle un papel creciente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para tomar decisiones que, en los papeles, corresponden al Codicen. Los papeles son, en este caso, las hojas del librito llamado Constitución de la República, y la prioridad es más del presidente Luis Lacalle Pou que del oficialismo en su conjunto. Se habla mucho de laicidad, pero la incidencia partidaria crece.
De todos modos, no se puede decir que ese avance del MEC venga cargado de propuestas. Está anunciada una “reforma curricular integral” que comenzaría en 2023, pero aún es una incógnita quiénes están pensando en ella o qué están pensando. El ministro Pablo da Silveira ha declarado poco más que intenciones genéricas de desarrollar “competencias”, aumentar el peso de las instituciones privadas y jerarquizar en forma simbólica al interior del país.
A lo antedicho se sumaron, para completar una pésima combinación, la pandemia y la voluntad de gastar menos también en este terreno.
Gran parte de los anuncios realizados por las autoridades han tenido que ver con interrupciones y reanudaciones de las clases presenciales. El proyecto de Rendición de Cuentas no parece tener en cuenta la magnitud de los problemas que se han acumulado desde la declaración de emergencia sanitaria en marzo del año pasado, con claro agravamiento de todas las desigualdades vinculadas con lo socioeconómico. Así va a ser muy difícil remontarlos.
Hasta mañana.