Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Según un viejo dicho de autor incierto, un camello es el resultado del trabajo de una comisión a la que se le encomendó hacer un caballo. A veces pasa que, en el intento de conciliar posiciones diversas, se termina ideando algo que no estaba en los planes de nadie. Quizá sucedió esto cuando se definió el actual procedimiento para fijar el precio de los combustibles.
En el acuerdo “Compromiso por el país”, firmado por los partidos que apoyaron a Luis Lacalle Pou en el balotaje, se prometió reducir las tarifas, “prioritariamente las de combustibles y electricidad”, y “avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado”. La redacción indica que no hubo consenso sobre cómo se quería lograr eso.
En el Partido Nacional predomina la convicción de que en Uruguay los combustibles son caros debido a la participación de Ancap, y Lacalle Pou incluyó la desmonopolización de la importación de combustibles en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), pero el Partido Colorado y Cabildo Abierto se negaron a votarla. Hubo una negociación en la que participó el Frente Amplio (FA), con el objetivo de “reducir daños”, y se terminó aprobando el procedimiento vigente.
La fórmula de acuerdo, con escasos votos en contra, dispuso que la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua calculara un “precio de paridad de importación” (PPI) para cada combustible, en obvia dependencia del mercado internacional, y que, considerando esa referencia y lo que planteara Ancap, el Poder Ejecutivo fijara las tarifas (como máximo, en forma bimestral; lo está haciendo una vez por mes). Cabe señalar que los precios así fijados pueden estar por encima o por debajo del PPI, y que el Ejecutivo ni siquiera está obligado a fundamentar por qué.
En el último aumento sí hubo una fundamentación oficial: no sólo se tuvo en cuenta la suba internacional de precios del crudo, sino que también se incorporó una estimación de “sobrecostos” de Ancap. Estos incluyen algunos desembolsos realizados porque el ente no es una empresa de venta de combustibles, sino un organismo estatal que asume diversas funciones, algunas de ellas sociales y “a pérdida” contable.
Pasa también, entre otras cosas, que parte de lo cobrado por la venta de combustibles va al Estado por concepto de impuestos, de modo que bajar el precio significa también bajar la recaudación, y los “ahorros” realizados por este gobierno están lejos de permitirle eso.
Ahora el senador nacionalista Sebastián da Silva anuncia que está redactando, junto con su par colorado Germán Coutinho, un proyecto de desmonopolización como el que fue rechazado en la LUC “con algunos agregados”, y que tienen la intención de presentarlo como un regalito para Ancap el 30 de octubre, cuando cumpla 90 años. Vuelve a escena, encabritado, el caballo.
Da Silva dijo también que buscará el apoyo de Asamblea Uruguay a la iniciativa, pero José Carlos Mahía, senador de ese sector, adelantó que no tiene la menor intención de negociar al margen del FA. Quizá el caballo no había percibido esta posibilidad porque lleva anteojeras.
Hasta mañana.