Es por el monopolio de Ancap; es por los impuestos; es por las malas decisiones políticas; es por la mala gestión. Hoy, hace poco más de un año, y en innumerables ocasiones hacia atrás en el tiempo, en Uruguay se discute sobre el precio de los combustibles. Luego de que el tema fuera un punto relevante en la campaña electoral, el nuevo gobierno se aprestó a tomar medidas, pero hubo diferencias que aún se mantienen con sus socios de la coalición. En mayo del año pasado, el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) –al que pertenece Alejandro Stipanicic, presidente de Ancap– promovió una nueva fórmula de ajuste de las tarifas, que negoció con Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA). El Partido Nacional (PN) también lo votó, pero varios legisladores dejaron clara su postura contraria.

La lectura que hicieron estos actores políticos fue que se salvó el monopolio de Ancap, debido a la idea mayoritaria en el PN –incluido el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Industria, Omar Paganini– de que la solución para bajar los precios pasaba por desmonopolizar, esto es permitir que empresas privadas puedan importar combustible, con sus riesgos y eventuales beneficios en virtud de una mayor competencia. En la versión enviada al Parlamento de la ley de urgente consideración (LUC) se planteaba esa medida.

Pero ante las diferencias en la coalición surgió una fórmula que alcanzó consenso político, votada por todos los partidos con excepción del senador colorado Germán Coutinho y la diputada de su sector Agustina Escanellas. Esta negociación tuvo lugar entre finales de mayo y principios de junio de 2020, cuando la LUC se sometía a votación en la Cámara de Diputados. De todas formas, la negociación ocurrió en el Senado y tuvo como actor principal a Adrián Peña de Ciudadanos, hoy ministro de Ambiente.

Así nació el nuevo esquema para ajustar las tarifas, en función del precio de paridad de importación (PPI), un cálculo teórico que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) que evoluciona en línea con el mercado internacional del crudo y marca una referencia de eficiencia para Ancap.

Sin embargo, a poco más de un año y tras tres subas consecutivas de los combustibles, la discusión vuelve a escena: ahora el gobierno defiende la fórmula y no planifica cambios hacia adelante, según dijeron a la diaria fuentes oficiales, mientras que el FA cuestiona la puesta en práctica del mecanismo y entiende que se realizaron ajustes con fines recaudatorios. Años atrás y ante eventuales ajustes en las tarifas, la entonces oposición era la que cuestionaba a los gobiernos del FA de hacer caja con los combustibles.

El debate y las posiciones hace un año

“Esta discusión está mal planteada”, sentenció en la sesión de la Cámara de Diputados del 3 de julio del año pasado el diputado blanco Pablo Viana. Se votaban los tres artículos de la LUC que refieren al mercado de combustibles: que el Poder Ejecutivo actualice las tarifas “con una periodicidad no mayor a 60 días” tomando en cuenta el informe de PPI de la Ursea y el mensaje de Ancap; que la Ursea tendría 60 días para actualizar la metodología de cálculo del PPI –estos dos artículos fueron votados por la coalición y el FA–, y que se disparaba un proceso de revisión general del mercado de combustibles, para lo que se generó un comité en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) –sólo lo votó la coalición–.

Viana, quien habló en representación del PN en aquella ocasión, subrayó que su partido “tiene la tranquilidad de haber intentado de todas las formas posibles llegar a un acuerdo y mantener el articulado que remitió el Poder Ejecutivo”, pero se atendió “lo propuesto por otros integrantes de la coalición”.

Por el FA tomó la palabra Alejandro Sánchez, entonces diputado y hoy senador del Movimiento de Participación Popular. “Me voy a referir al trabajo que se hizo en el Senado con el cual en este Parlamento se derrotó la idea de la desmonopolización de Ancap”, indicó y consideró el resultado “un gran logro”.

En su alocución repasó distintos motivos por los cuales “es una realidad que el combustible es caro en Uruguay”: “definiciones de política económica a lo largo de la historia del país”; “la calidad del mercado que tenemos y no valoramos”, en especial la falta de “problemas de suministro, que es un costo implícito”, así como aspectos sociales que cumple Ancap, como vender al mismo precio “en La Teja que en Bella Unión”. Como un factor asociado a todo lo mencionado, Sánchez sostuvo que “también el combustible es más caro porque decidimos –la sociedad decidió; se podrá discutir o no– cargarle un conjunto de costos que nada tienen que ver con la operativa de la refinería. 45% del precio de los combustibles corresponde a impuestos. Es así: el Imesi o el IVA financian el presupuesto público”.

Al hablar contra la idea de la desmonopolización, expresó: “no existe mercado libre en el mundo del petróleo y de los combustibles; tiran una bomba en Medio Oriente y el petróleo vale otro precio. Entonces, hay que contar con un mecanismo que permita que el Estado tenga la capacidad soberana de regular el precio en el mercado interno. No podemos centrar el precio con respecto al mercado de petróleo porque no sabemos cuánto va a salir la nafta mañana”.

“Aumentos discrecionales”

A poco más de un año de aquella votación y con el gobierno implementando el nuevo esquema para la fijación de tarifas desde junio, desde el FA son críticos y entienden que se distorsionó la fórmula. Al comienzo hubo un aumento en promedio de 12% de los combustibles, en julio fue de 0,5% en naftas y 0,9% en gasoil, y días atrás fue 7,6% y 10,9%, respectivamente. A esto debe sumarse un aumento en enero de las naftas, que en el año acumulan un incremento de 29% o de 15 pesos por litro.

El senador frenteamplista José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay (AU), dijo a la diaria que “la desmonopolización significaba en términos prácticos liquidar Ancap, un sueño que ya había tenido el PN en 1992”, por lo que el FA logró “cambiar” esto tras una “negociación política” con colorados y cabildantes. Pero subrayó que, según lo votado, el informe de PPI de la Ursea “no es vinculante”, y que el precio tanto en gobiernos anteriores como ahora “lo fija el Poder Ejecutivo, no lo hace ni la Ursea ni Ancap”. Ante esto, opinó que los recientes aumentos son “discrecionales”.

“Este nuevo mecanismo el gobierno lo utiliza para recaudar, lo hace por voluntad propia y más allá de los artículos de la LUC. No hay una relación directa entre el monto del aumento y los mecanismos de la ley”, subrayó el senador del FA.

Mahía explicó que una cosa que cambió la LUC es la “fecha de revisión de precios”, que quedó establecido sería al menos cada dos meses, cuando antes “se podía hacer en cualquier momento del año y cuantas veces lo entendiera el Poder Ejecutivo”. Recordó que en los gobiernos del FA se hacía “un ajuste de precios al año en enero”, aunque hubo alguna excepción, y “nunca ocurrió” que aumentaron los combustibles en meses consecutivos.

Sobrecostos, Ancap y la desmonopolización

Según supo la diaria por fuentes oficiales, el asunto del combustible ha generado en las últimas semanas varios contactos entre Lacalle Pou, el MIEM y las autoridades de Ancap.

El último informe de la Ursea recomendó en virtud del PPI un incremento en torno a 3%, sin embargo el Ejecutivo determinó un incremento mayor, porque decidió a partir de este mes cargar en la tarifa una serie de “sobrecostos” que ya tiempo atrás había identificado en Ancap y suman tres pesos por litro de combustible –lo que llamó factor X; la idea es que esto vaya bajando con el correr del tiempo y la ganancia de eficiencia de Ancap–.

Ahí dentro están el subsidio al supergás, ya que Ancap vende el producto por debajo del valor teórico de mercado que calcula la Ursea y por ende compensa eso vía combustibles; las pérdidas del negocio del pórtland; la mezcla de etanol por encima del mínimo establecido por ley, y otros costos estructurales de la petrolera estatal.

Una fuente del gobierno dijo que la decisión de comenzar en junio con los ajustes por PPI y luego incorporar los tres pesos del factor X fue “de Torre Ejecutiva”, y el presidente ha respaldado lo actuado. “Es artillería política”, respondió la fuente que participa en las decisiones sobre los combustibles acerca de las críticas del FA, y apuntó que el Imesi sólo fue ajustado en enero. Es decir, el gobierno entiende que las subas posteriores responden al precio internacional del crudo y la nueva referencia.

En línea con expresiones públicas de distintos actores del gobierno, la fuente oficial sostuvo que el cambio del régimen de fijación de precios “le quita discrecionalidad” al manejo de las tarifas del gobierno de turno –porque evoluciona según el crudo a nivel internacional–, y que una decisión de este tipo es “demasiado importante como para estar yendo y viniendo [en alusión a modificaciones en el método de ajuste mensual]”.

Mencionó que hay expectativas en virtud de los precios del mercado de crudo de que puede haber una baja en el próximo ajuste –la Ursea hace la medición del día 15 de un mes al 15 del siguiente, y el Ejecutivo define a fin de mes–, y que si esto ocurre el nuevo sistema generará más credibilidad para la población y los sectores productivos.

Más allá de esta ratificación del nuevo esquema por parte del gobierno, hay movimientos en el PN y el PC para reflotar la idea de la desmonopolización. El senador blanco Sebastián da Silva dijo a la diaria que el miércoles se juntó con Coutinho para avanzar en la propuesta, ya que prevén presentar un proyecto de ley en ese sentido el día en que Ancap cumple 90 años, el 30 de octubre.

El senador sostuvo que la base será un proyecto que presentó en la legislatura pasada, la misma disposición que el Ejecutivo incluyó inicialmente en la LUC, y que Coutinho planea realizar “algunos agregados”. Da Silva dijo que tienen “la intención de ver si Asamblea Uruguay [sector del FA] hace algún aporte y puede acompañar” el proyecto de desmonopolización. Recordó que el astorismo “tuvo un papel protagónico en la ley de asociación de Ancap” votada en 2002 –que rompía el monopolio y fue derogada vía referéndum al año siguiente– cuando “se distanció” de la postura mayoritaria en el FA.

En tanto, Mahía, que integra AU, respondió que “la puerta que tiene que ir a golpear es la del FA”, porque el sector “ha tenido una inquebrantable conducta de acuerdo con las decisiones” de la fuerza política. También sostuvo que el PN “debería hacerse cargo de los aumentos que está llevando adelante contrariando todas las promesas electorales que formuló y que sabían de antemano que no iban a cumplir”.