Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El programa de gobierno de Luis Lacalle Pou mencionaba los asentamientos ya en su primer párrafo y luego lo hacía ocho veces más, prometiendo una política de regularización tendiente a lograr “una situación de ‘asentamiento cero’ en un horizonte de diez años”. Luego “Compromiso por el país”, el acuerdo firmado por los partidos que decidieron apoyar a Lacalle Pou en 2019, planteó (sin plazos) la decisión de “desarrollar una política activa de regularización de asentamientos”.
El objetivo, ambicioso y loable, requiere definiciones. Entre ellas, obviamente, cómo y con qué recursos se llevaría a cabo esa política. Pero también se discutió, el año pasado, qué organismo se haría cargo de la tarea, que si resulta exitosa traerá consigo un gran rédito político.
El proyecto de presupuesto establecía que el programa Mejoramiento de Barrios pasara del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a Presidencia, pero esto no fue aceptado por Cabildo Abierto (CA), cuya dirigente Irene Moreira está al frente de ese ministerio.
Ahora se discute la cuestión del dinero, nuevamente con un conflicto entre CA y Presidencia. El proyecto de rendición de cuentas propone que la política para los asentamientos sea financiada mediante un fideicomiso, integrado con fondos asignados antes al Instituto Nacional de Colonización (INC), y esto ha causado fuertes resistencias, no sólo entre los colonos y aspirantes.
La política de tierras es central para sectores sociales por cuya representación hay una disputa política, y entre quienes rechazan que se prive de recursos al INC no sólo está el Frente Amplio, sino también CA e incluso dirigentes del Partido Nacional.
Aparentemente, el caso de los cabildantes es el que más irrita a Presidencia, quizá porque se suma a otras jugadas políticas con las que están marcando perfil, y a menudo trabando iniciativas personales de Lacalle Pou. Además, el proyecto de rendición de cuentas fue firmado por Moreira y votado por la bancada de CA en la Cámara de Representantes.
El hecho es que, después de varias discusiones en el Senado, Presidencia hizo saber que mantiene su posición inicial, y que quiere que se defina formalmente quiénes la votarán. La comisión que trata el proyecto tiene plazo hasta el 12 de octubre para concluir su tarea.
El problema asociado con la firma de Moreira fue sorteado por la ministra, en cierta medida, al afirmar que su prioridad es llevar adelante la política para los asentamientos y que la propuesta del fideicomiso fue suya, pero que decidir de dónde vendrán los fondos le corresponde al Ministerio de Economía y a Presidencia, y que ella aceptará la solución “como venga”.
Quizá la insistencia de Lacalle Pou y el equipo económico en el mecanismo de fideicomiso tenga que ver con que este quedaría, según la ministra Azucena Arbeleche, “fuera del perímetro fiscal”, sin que sus operaciones financieras se registren como endeudamiento del Estado ni incidan formalmente en su déficit.
Cualquiera diría que, una vez resuelta la cuestión de los recursos, el avance hacia la “situación de ‘asentamiento cero’” será sencillo, pero eso no es lo que indica la experiencia.
Hasta mañana.