Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Desde que se realizó el último ciclo electoral, con las nacionales de 2019 y las postergadas departamentales del año siguiente, el clima general de polarización entre la coalición de gobierno nacional y el Frente Amplio (FA) se ha visto amplificado en lo referido a las intendencias retenidas por frenteamplistas, de forma proporcional a la cantidad de habitantes que gobiernan: muy especialmente en Montevideo y un poco menos en Canelones, con menor destaque noticioso para la situación en Salto.
En la capital, la “coalición multicolor” ha adoptado una actitud distinta a la de períodos anteriores. Hay voluntad de dejar atrás cierta mezcla de descuido y resignación, mediante un seguimiento más sistemático y organizado de la política departamental, con apoyo de estructuras institucionales de los partidos Nacional y Colorado (PN y PC). En el primer caso, esto trajo consigo el hecho inusual de que la candidata por la coalición en 2020, Laura Raffo, mantenga una dedicación a esta área y asuma algo muy parecido a la jefatura de la bancada de ediles nacionalistas.
No hay nada objetable en que los partidos que han sido derrotados en siete ocasiones consecutivas por el FA desde 1989 dediquen mayores esfuerzos al intento de recuperar la Intendencia de Montevideo (IM). Sí es por lo menos discutible que lo estén haciendo con un talante tan agresivo y que hayan quebrantado algunas reglas no escritas de la política departamental.
Desde hace muchos años, los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la IM deben ser aprobados por una mayoría especial de la Junta Departamental, porque se extienden más allá de un período de gobierno. En sucesivas ocasiones, los ediles de la oposición han aportado votos para formar esa mayoría, con independencia de sus discrepancias políticas con el Ejecutivo.
En esta ocasión, el PC y el PN decidieron tensar la cuerda, y presionan públicamente por una negociación in extremis que, como bien saben, no puede llegar al extremo de cambiar los términos del acuerdo con el BID, porque eso ya no es viable. Alegan que la IM debió darles más participación en el diseño de los proyectos, y esto puede ser atendible, pero es un hecho que el reclamo se enfatiza recién ahora.
Es posible que parte de la motivación de nacionalistas y colorados se deba no sólo a la innegable importancia del gobierno de Montevideo, ni sólo a la convicción de que la meta de disminuir la incidencia política del FA en el país no podrá ser alcanzada sin derrotarlo en ese bastión. Parece haber también una preocupación referida específicamente a la eventual proyección de Carolina Cosse hacia la candidatura presidencial de 2024. Esto último, sin embargo, es todavía bastante incierto.
Desde 1989, el único frenteamplista que recorrió ese camino fue Tabaré Vázquez, y cabe recordar que pasó nada menos que una década entre el fin de su gestión como intendente y su elección en las nacionales de 2004. Aquel proceso tuvo mucho de excepcional, y no es nada seguro que vaya a repetirse. Sí es seguro que la lucha sin cuartel contra Cosse implica riesgos de importancia para los montevideanos, que nadie debería concebir como “daños colaterales”.
Hasta mañana.