Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La semana pasada el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, admitió que no se explicaba por qué, a pesar de las transferencias a personas en situación de pobreza, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística indicaban que el problema no había disminuido. Esto sugiere que Alfie no considera la posibilidad de que esas transferencias sean insuficientes, y ayer hubo indicios de que no es el único gobernante que enfoca la cuestión de ese modo, por lo menos en lo referido al aumento de la pobreza infantil.
La vicepresidenta Beatriz Argimón se reunió en la Torre Ejecutiva con el director de la OPP para pedirle un “seguimiento” de la ejecución de las partidas asignadas el año pasado a políticas para la primera infancia, por un monto de 50 millones de dólares. Un planteamiento así no se realiza por capricho, y Argimón dijo a la diaria que esa ejecución no se ha concretado por completo.
Sin afirmar que exista una relación de causa y efecto entre la ejecución insuficiente y la pobreza infantil, y aclarando que esta debe ser afrontada con “todo un andamiaje de abordaje” que va más allá de lo estrictamente económico, la vicepresidenta dejó flotando la sensación de que quizá algo se está haciendo muy mal. Sobre todo porque se refirió a la necesidad de asegurar que el dinero llegue “a quienes son sus destinatarios”, un comentario preocupante y muy similar a los que realizaban los actuales oficialistas, cuando eran opositores, sobre las políticas sociales de los gobiernos frenteamplistas.
No es fácil deducir de los dichos de Argimón dónde piensa que está el problema. Contó que había hablado con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, sobre la importancia de “tener las herramientas y las dinámicas para que la ejecución sea lo más rápida posible”, y entre esas herramientas mencionó “una suerte de gerenciamiento específico”, acotando que esto dependerá de lo que decida Lema. Sin embargo, dijo también que no se refería a las partidas que maneja directamente el Ministerio de Desarrollo Social, sino a las que se destinan a otros organismos, como el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Todo esto intranquiliza, porque además la vicepresidenta señaló que, en ausencia del seguimiento que pide, no está en condiciones de asegurar qué cantidad de niñas y niños se ha visto perjudicada por la ejecución incompleta de partidas.
De cualquier modo, quedan en pie objeciones similares a las que se podían plantear la semana pasada, ante las declaraciones de Alfie. La pobreza infantil, y muy especialmente la que afecta a la primera infancia, es obviamente consecuencia de la situación socioeconómica de personas con niñas y niños a su cargo, y la eficacia de las políticas sociales en la materia depende tanto de los montos de las transferencias específicas como de otras medidas.
Por ejemplo, las que permitan a esas personas acceder a condiciones dignas de trabajo, a la satisfacción de sus necesidades básicas y a cuidados adecuados para la población infantil que depende de ellas. Ningún andamiaje o seguimiento puede impedir que la economía de los hogares sea una sola.
Hasta el lunes.