Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La decisión de impulsar iniciativas de reforma constitucional debe meditarse muy bien, porque implica la posibilidad de cambiar las reglas de juego durante mucho tiempo. En este período de gobierno, por ejemplo, fueron relevantes las consecuencias de un cambio aprobado hace 56 años, cuando entre las nuevas facultades establecidas para fortalecer al Poder Ejecutivo estuvo la que lo habilita a presentar proyectos de ley de urgente consideración.
Hace 18 años, en 2004, se realizó un plebiscito que determinó, por amplia mayoría, el agregado a la Constitución de varias nuevas disposiciones. Entre ellas, la de que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Hoy esa norma es una de las objeciones centrales al Proyecto Neptuno, cuya aprobación anunció ayer el presidente Luis Lacalle Pou y que el Frente Amplio se propone enfrentar con firmeza.
Bastante antes, hace 33 años, un fuerte movimiento social y político impulsó, con gran éxito, la reforma constitucional que, desde entonces, hace obligatorios los ajustes anuales de jubilaciones y pensiones, en un porcentaje por lo menos equivalente a la evolución del índice medio de salarios.
La oposición a este proyecto de reforma fue una de las causas principales de la derrota de Jorge Batlle en las elecciones de 1989, simultáneas con el plebiscito, y sus consecuencias no sólo cambiaron profundamente la dinámica de las cuentas públicas sino también la situación de los llamados “pasivos” (que en aquel momento fueron, por cierto, muy activos en la defensa de sus intereses).
Ante la presentación del proyecto de reforma jubilatoria del actual Poder Ejecutivo, y aun cuando todavía era un anteproyecto en discusión, se ha manejado la posibilidad de revertir sus efectos mediante una consulta popular. En este caso no es viable un referéndum, y se habla de un proyecto de reforma constitucional, pero aún no está claro cuál sería su contenido.
Algunas de las mayores objeciones a la iniciativa que ya comenzó a tratar el Parlamento se refieren al aumento de la edad mínima de retiro, a los perjuicios que implicaría el cambio de régimen para los futuros jubilados y pensionistas (aunque el oficialismo insiste en que no habría ninguno), y al hecho de que, para mejorar la situación financiera del sistema, sólo se plantee modificar variables vinculadas con sus egresos, sin considerar siquiera el aumento de sus ingresos y manteniendo el promedialmente bajo nivel actual de los aportes patronales.
En cualquiera de estas tres áreas, apelar a cambios constitucionales es un riesgo importante. Si la edad de retiro, el nivel de las prestaciones o algún porcentaje de aporte o impuesto se fijaran de este modo, luego podría haber importantes dificultades para hacer frente a situaciones críticas (y quizá también para mejorar el sistema).
De más está decir que puede ser mucho más riesgoso incluir en la Constitución normas para regular el endeudamiento personal, como plantea Cabildo Abierto.
Hasta mañana.