Cabildantes se proponen impulsar un plebiscito por ley de reestructuración de deudas y Domenech cuestiona al equipo económico

En octubre de 2020 los senadores de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano, Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech presentaron un proyecto de ley para la reestructura de deudas de personas físicas, que estuvo en discusión en varias instancias de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Allí fue aprobado por unanimidad y pasó al pleno de la cámara la semana pasada, donde, pese a lo previsto inicialmente, no alcanzó los votos necesarios y volvió a comisión.

En su audición en Radio Oriental, Manini Ríos se mostró sorprendido por el hecho y anunció que recorrerán “todos los caminos” necesarios para llegar a esta “solución”, lo que implicará, de no tener salida legislativa, impulsar un plebiscito de reforma constitucional.

De no aprobarse, “va a comenzar el año que viene, probablemente enseguida de Semana Santa, allá por abril, la recolección de firmas para ir a un plebiscito constitucional que introduzca en nuestra Carta Magna las cláusulas necesarias para, de una vez por todas, solucionar este problema” que afecta “a tantos miles de uruguayos”, adelantó Manini.

Consultado por la diaria sobre cómo cayó esta marcha atrás en la votación del proyecto, Domenech señaló que “es un hecho verdaderamente sorpresivo” que desde la coalición “hayan surgido voces oponiéndose a votar el proyecto de manera absolutamente inconsulta, sin siquiera avisar que se iba a adoptar semejante conducta”. Consideró que lo que ocurrió fue “impropio del relacionamiento que debe haber en la coalición y falta de la cortesía parlamentaria a la que se invoca tantas veces”.

Para el senador cabildante, en este y otros temas “hay un quietismo que preocupa por parte del equipo económico”, en el que rige, “dicho en buen criollo, el dicho de que ‘los zapallos se acomoden en el carro en el transcurso del camino’”. Desde Cabildo, sostuvo, no creen “en ese tipo de política”.

Consultado sobre su apreciación personal respecto de los motivos de la marcha atrás con el proyecto de reestructuración de deudas, Domenech recordó que cuando se impulsó la ley forestal por parte de CA y el Frente Amplio (FA), se despertó “la furia de grandes intereses económicos, y no tenemos ninguna duda de que enfrentar los enormes y poderosos intereses de quienes se dedican a prestar a interés es también motivo de un malestar que puede mover enormes fuerzas”.

Para Kechichian el proyecto tiene partes “inconstitucionales”

Justamente, la bancada del FA fue la única que no votó el proyecto de forma conjunta, por entender “que hay que tener mucho cuidado cuando el Estado interfiere en cuestiones entre privados”, según explicó a la diaria la coordinadora de la bancada de senadores del FA, Liliam Kechichian.

“Tenemos el diagnóstico de que efectivamente es un problema que tiene un número muy importante de personas”, añadió. Sin embargo, “así como estaban redactados algunos artículos podía ser contraproducente para los futuros créditos” porque se restringirían algunos aspectos “incluso para las personas que no tuvieran deudas”, además de prever retenciones salariales “de 60% o 70% en algunos casos”, dependiendo de los ingresos, cuando “por ley [la 17.829] no pueden ser más de 35%”, lo que para la legisladora tiene aristas “inconstitucionales”.

De cara a la semana que viene, la bancada frenteamplista presentará propuestas a la Comisión de Constitución –que a propuesta del senador Gustavo Penadés se integrará con Hacienda para estudiar este tema– y “ver de trabajar en un proyecto que sea más armonioso”.

Asimismo, Kechichian remarcó la importancia de “trabajar sobre la ley de usura”, que fue una iniciativa en el primer gobierno del FA y tiene cosas a mejorar sin “hacer un discurso demagógico” sobre el tema, y sostuvo que la oposición “no comparte” la propuesta de Manini de llevar el tema a un plebiscito, aunque señaló que “es el estilo del senador”.

Blás: “Como proyecto de ley era muy malo”

El ala herrerista del Partido Nacional fue la que optó por no votar el proyecto. Uno de los dirigentes de este sector, Rodrigo Blás, presente en la sesión sustituyendo a la senadora Gloria Rodríguez, dijo a la diaria que “más allá de que la intención se entiende, como proyecto de ley era muy malo” puesto que modificaba “bases fundamentales de la economía del Uruguay y de cualquier país”.

“Vos no podés cambiar los regímenes de prevalencia de crédito, no podés generar un sistema individual donde el juez decide ni podés llevarlo a que todo aquel que dé un crédito vea disminuida la posibilidad de cobrar”, sentenció, y entendió que el articulado “era una especie de Frankenstein que destruye el crédito”.

Para Blás, si “lo que se quería cortar era el presunto abuso de las financieras”, lo que se debía hacer era “otra norma donde se aplique otro máximo de límite de intereses”, y no “una norma genérica que se metía en todos lados”.

En cuanto a las críticas hacia la coalición por parte de CA, Blás aceptó que “el pleno no reflejó la voluntad de la comisión” y que puede suceder que no se haya “estudiado en demasía” en la comisión, y reconoció que “tiene razón Cabildo en decir que el procedimiento no fue el mejor”.

Sobre la intención de llevarlo a plebiscito, el legislador entendió que “si es un elemento que no hace a los compromisos de la coalición ni del país”, se es “libre de tomar una posición u otra” en función “de nuestros convencimientos”.

“No estamos obligados a movernos todos juntos a todos lados”, señaló, y dijo que “no le corresponde” opinar “si Manini cree que es un procedimiento válido para hacer valer su convencimiento”.