La cuestión del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Intendencia de Montevideo (IM) se va encaminando, tras un período en el que no quedó espacio para la conciliación entre el Ejecutivo y la oposición departamentales. Para aprobar el préstamo, según lo establecido en el artículo 301 de la Constitución, se requiere una mayoría especial de la Junta Departamental, con la que no cuenta el oficialismo frenteamplista. Los plazos se fueron acortando y hubo un riesgo cierto de que el crédito se perdiera.
Las posibilidades de salida no se deben a que alguien haya ideado una forma ingeniosa de lograr que, como dijo el coordinador de la bancada de ediles colorada, Matías Barreto, “nadie ganara ni perdiera” en términos partidarios. Con protagonismo de esa bancada, se abre paso una fórmula de acuerdo que no contempla las exigencias iniciales de los ediles del Partido Nacional (PN), conducidos por la excandidata a la IM Laura Raffo.
Tales exigencias implicaban una importante redistribución de los recursos solicitados al BID, en beneficio de las tareas para saneamiento y en detrimento de las de limpieza. La IM alegó que eso ya no era viable, por lo avanzado del proceso de acuerdos con el BID, y propuso aumentar los recursos para saneamiento con fondos propios. El PN replicó que eso no era satisfactorio, e insistió en que no correspondía comprometer pagos a largo plazo para equipamiento de limpieza, con maquinaria que puede quedar inservible a corto plazo.
Quedó fuera del debate, lamentablemente, un dato claro de la realidad: ciertas tareas de limpieza son muy necesarias para que el saneamiento dé los mejores resultados posibles, y separar las dos áreas es bastante artificial.
El hecho es que la fórmula en la que han venido trabajando representantes del oficialismo y la oposición, en el marco de una prórroga de 70 días para la aprobación del préstamo, se adecua bastante más a lo planteado por la IM que a lo reclamado por Raffo. Prevé un aumento de lo destinado a proyectos de saneamiento con recursos del gobierno departamental, y los cambios en la distribución de lo otorgado por el BID serían de poca entidad, para evitar retrocesos, reconsideraciones y postergaciones que sin duda perjudicarían a la población montevideana.
Quizá el afán de los nacionalistas por perfilarse como una alternativa potente para el gobierno de Montevideo, y fortalecer desde ya la segunda candidatura de Raffo a la IM, los llevó a poner lo político por encima de lo técnico y de lo razonable en la negociación con el BID. Es un mérito de los colorados haber tomado por un camino más sensato, pero no es seguro que lo capitalicen plenamente.
Dicho sea de paso, en la Constitución hay un artículo parecido al 301, pero más drástico. Es el 216, donde dice que, en las leyes de Presupuesto o de Rendición de Cuentas, el Parlamento no puede aprobar disposiciones “cuya vigencia exceda la del mandato” del gobierno nacional. Esta norma, que no prevé excepciones por mayorías especiales o unanimidad, se puede considerar violada en innumerables ocasiones, pero la Suprema Corte de Justicia no lo ha entendido así ante la presentación de recursos de inconstitucionalidad.