Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El comisario general retirado Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional, expresó su apoyo al Sí en el referéndum, y cayó sobre él una andanada de críticas oficialistas. Layera opinó acerca de los artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración (LUC) sobre procedimientos policiales; sus detractores cuestionaron los resultados en materia de seguridad pública durante los gobiernos del Frente Amplio (FA). Esto confirma una característica creciente de la campaña.
Se ha discutido bastante si la consulta popular es “un referéndum sobre el gobierno”. En el sentido legal estricto, claramente no lo es: con independencia del resultado, Luis Lacalle Pou seguirá en la presidencia de la República, y la integración del Parlamento será la misma que hoy.
Poner un asunto en manos de la soberanía de la nación, expresada mediante el voto ciudadano, no es hacer una encuesta de opinión. Cuando el cuerpo electoral se pronuncia, decide, y no lo hará sobre la permanencia del gobierno, como en los “referéndums revocatorios” que se pueden realizar en muy pocos países, sino acerca de 135 artículos de una ley. En cuanto al significado político, las cosas son sin duda muy distintas.
Es obvio que mucha gente firmó por el referéndum y votará Sí porque rechaza la orientación del gobierno encabezado por Lacalle Pou. Es mucha también la gente que no firmó y votará No porque apoya a este gobierno. Hay, sin embargo, muchas personas que no están tan alineadas, o que por lo menos no decidirán su voto por esos motivos. De ellas depende qué opción ganará, y no es menos obvio que el desenlace del proceso beneficiará, políticamente, a una de las partes definidas de antemano.
Que la campaña del No insista en lo del referéndum sobre el gobierno y la del Sí rechace ese planteamiento tiene motivos evidentes. El oficialismo busca reinstalar el escenario que le fue favorable en las elecciones nacionales de 2019, y la oposición procura un resultado distinto. De todos modos, esto implica otra cuestión que pasa bastante inadvertida.
En el fondo, el oficialismo busca que la ciudadanía exprese, más que apoyo al gobierno, repudio a la oposición. El voto por No se propone cada vez más como un No al Frente Amplio (FA). En eso consiste la reinstalación del escenario de 2019.
Se afirma que si quedan sin efecto los artículos impugnados de la LUC, volveremos a situaciones de inseguridad pública, despilfarro de los recursos estatales, desbordes sindicales y pésimos resultados educativos. Poco importa que hoy haya o no cambios significativos en esas áreas, o que se pueda demostrar su relación con esos artículos.
En los mensajes por el No más desprolijos, que sólo circulan en redes sociales, se convoca a poner en la urna la papeleta celeste porque el FA defiende la otra. Se echa mano de todos los reproches posibles contra los frenteamplistas, con fundamento o sin él, antes, durante o después de los 15 años en que gobernaron el país, en relación con las áreas que abarcan los artículos impugnados o no.
No será un referéndum sobre el gobierno y mucho menos uno sobre la oposición. Para eso falta mucho todavía, aunque la consulta popular sea parte del camino hacia 2024.
Hasta el lunes.