Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La introducción del balotaje para las elecciones presidenciales, mediante la reforma constitucional de 1996, expresó y acentuó la tendencia previa de la política uruguaya a configurarse como una contienda polarizada entre el Frente Amplio (FA) de un lado y los partidos Colorado (PC) y Nacional (PN) del otro. Esta configuración se ha mantenido a grandes rasgos en términos electorales, pero no todos los actores la conciben de la misma forma.
Desde el comienzo hubo en el segundo bloque quienes apuntaron a consolidar una fuerza política permanente y quienes prefirieron trabajar con acuerdos específicos, que mantuvieran separadas las identidades partidarias. En los términos tradicionales de la ciencia política, lo primero se llama alianza y lo segundo, coalición, como señala desde hace años Óscar Bottinelli (agregando que el FA nunca fue, en realidad, una coalición).
La “coalición multicolor” merece, en este sentido, su nombre, ya que los acuerdos que ha establecido para la cooperación electoral y el ejercicio del gobierno nacional ni siquiera incluyen el funcionamiento regular de un organismo superior de coordinación, y mucho menos una estructura común para sus seguidores.
De todos modos, desde el oficialismo se suele sostener que los factores de unión y las diferencias con el FA tienen una relevancia mucho mayor que la de cualquier discrepancia interna. Puede ser, pero también es cierto que, como señala el politólogo Daniel Chasquetti, la agenda programática compartida no es muy extensa.
Dada la relación de fuerzas en el Parlamento, cualquier iniciativa que no esté contenida expresamente en el acuerdo “Compromiso por el país”, aprobado antes del balotaje, puede ser bloqueada dentro de la coalición de gobierno por uno de los tres socios mayores, que son el PN, el PC y Cabildo Abierto (CA), e incluso por el sector colorado Ciudadanos. Pero la ausencia de un acuerdo oficialista no significa que un proyecto no se pueda aprobar, ya que en el Parlamento también está el FA.
Esto quedó de manifiesto a fines del año pasado, cuando los legisladores frenteamplistas apoyaron el proyecto de CA para establecer límites a la actividad forestal, que fue aprobado contra la voluntad de nacionalistas y colorados. La respuesta del presidente Luis Lacalle Pou fue un veto.
Ahora puede suceder algo semejante, pero más complejo, con el proyecto de legalización de la eutanasia que impulsa desde el comienzo de este gobierno el diputado Ope Pasquet, de Ciudadanos. Pasquet negocia para que se apruebe con votos de “todos los partidos”, pero parece claro que está muy avanzado un acuerdo con el FA que sería suficiente para formar mayoría en ambas cámaras.
Históricamente en el FA y el PC ha predominado por lo general un enfoque ideológico que defiende la extensión de derechos cuando esta choca con creencias religiosas conservadoras (recordemos, por ejemplo, que uno de los mejores alegatos en el Parlamento por la despenalización del aborto fue el del expresidente Julio María Sanguinetti). En el PN ha sucedido lo contrario. Será interesante ver qué ocurrirá en el Parlamento con el proyecto sobre eutanasia, y qué hará Lacalle Pou si se convierte en ley.
Hasta mañana.