Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Avanzan las conversaciones sobre el uso de la cadena nacional por representantes del Sí y el No en el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Será en los últimos días de campaña, el miércoles 23 y el jueves 24 de este mes, antes de que comience la veda de propaganda electoral.
Se realizará un sorteo para decidir quién difunde primero su mensaje, y resta nada menos que la definición de las personas que defenderán cada opción, aunque el presidente Luis Lacalle Pou ya dijo, la semana pasada, que “seguramente” será él quien hable por el No. Esto merece algunos comentarios.
El primero es que el artículo 77 de la Constitución establece, en su numeral 5º, que el presidente no puede “intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.
Quienes sostienen que esta prohibición no abarca la campaña para el referéndum alegan que, por el contexto de la disposición constitucional, debe interpretarse que no se refiere a cualquier votación en la que la ciudadanía deba elegir (en este caso, elegir si vota Sí, No, en blanco o anulado), sino sólo a la votación para cargos electivos. Es un argumento muy discutible, y en cuestiones tan delicadas como esta sería mucho mejor que no hubiera lugar a dudas.
No hace falta ser un jurista destacado para ver el sentido de la prohibición. En el sistema de gobierno uruguayo, quien encabeza el Ejecutivo dispone de un poder notoriamente mayor, pero en algunas contadas ocasiones, que incluyen la elección de futuras autoridades, los plebiscitos y los referéndums, las decisiones se remiten a “la soberanía de la nación”, expresada mediante el voto.
En esos casos, es prudente que quien ejerce la presidencia se mantenga a cierta distancia de las contiendas, no sólo para evitar que actúe con criterios partidistas, sino también por respeto a un poder colectivo mayor que el suyo.
Además, la forma en que ha encarado esta campaña el oficialismo, presentando al referéndum como una opción entre la coalición de gobierno y la oposición frenteamplista, debilita la presunta diferencia entre las elecciones nacionales y las consultas populares que el propio oficialismo invoca.
En todo caso, la actitud de Lacalle Pou es consistente con una manera integral y riesgosa de concebir su papel. Ha actuado desde el primer día con la premisa de que “la autoridad no se comparte”, y aplica este criterio en todos los niveles. Los resultados electorales de 2019 son invocados como un mandato de que la voluntad del oficialismo se imponga a la de la oposición, la del Partido Nacional a la de sus socios en la coalición de gobierno, y la del presidente a la de todos los demás actores partidarios. Una de las líneas de argumentación centrales por el No es, precisamente, que el Frente Amplio no asume que perdió ni “deja gobernar”.
El anuncio de que Lacalle Pou será el portavoz final del No puede deberse a distintos motivos. Quizá el temor de perder haya llevado a utilizar ese recurso. Quizá la confianza en el triunfo hace que el presidente quiera capitalizarlo personalmente. Incluso puede ser sólo un amague, como los hubo antes en otros temas. Sea como fuere, no parece conveniente jugar con estas cosas.
Hasta mañana.