Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El actual oficialismo se metió en un gran lío cuando eligió el precio de los combustibles como uno de sus temas preferidos para criticar a los gobiernos del Frente Amplio (FA). Le salió caro en la campaña para el referéndum y aún le queda mucho por pagar, como queda en evidencia con el ajuste anunciado ayer por el presidente Luis Lacalle Pou.
Gobernar es definir prioridades y realizar opciones para acercarse a determinados resultados. Esto exige que el Estado disponga de recursos, y de algún lado tiene que sacarlos, incluso si está en manos de personas que se declaran liberales y prefieren reducir cuanto sea posible el gasto público.
Cuando los actuales gobernantes eran opositores, el centro de su discrepancia no era (salvo quizá en algún caso excepcional) que los gobiernos del FA aplicaran criterios políticos para manejar los ingresos y egresos estatales, sino cuáles eran esos criterios.
La idea de fondo era que se le quitaba demasiado al “país productivo” mediante impuestos y tarifas. Esto se le achacaba en distintas proporciones, según quien realizara el relato, a la magnitud desmesurada del gasto público, a su ineficiencia, a la incomprensión de las leyes económicas, al resentimiento contra los emprendedores, a la corrupción, al deseo de contar con una multitud de votantes cautivos del clientelismo, e incluso al de destruir la civilización occidental y cristiana.
En el caso de los combustibles, la argumentación se apoyó en el dato –engañoso– de que los precios eran menores en los países vecinos. En el mundo real, esto dependía y depende de muchas variables, que van desde la posesión de yacimientos hasta la voluntad política de subsidiar más a unos sectores que a otros, pero aquí se simplificó el asunto reduciéndolo a la presunta incidencia de “sobrecostos” de Ancap, y se creó la falsa expectativa de que era posible eliminarlos rápidamente, quitándole al Estado el monopolio de la importación.
Sucede, sin embargo, que el precio en las estaciones de servicio se debe muchísimo más a otros dos factores: el valor del petróleo en los mercados internacionales y una alta carga de impuestos, que el actual Poder Ejecutivo mantiene y que también encarecerían los combustibles importados por empresas privadas.
Los artículos de la Ley de Urgente Consideración en esta materia no cambiaron las potestades previas del Ejecutivo para fijar los precios que desee. Lo que cambió es que ahora debe hacerlo como mínimo cada dos meses, y que se le proporciona una estimación discutible de cuál sería el “precio de paridad de importación” (PPI).
Esto último, según el oficialismo, aporta transparencia, pero no es tan así. Se vienen manteniendo los precios por debajo del PPI sin informar sobre los motivos de esa decisión, los desembolsos estatales que se sacrifican para sostenerla, u otros destinos posibles de ingresos inesperados que se destinaron al subsidio, como los provenientes de la venta de energía a Brasil.
Los economistas liberales insisten en que “no hay almuerzos gratis”. Tampoco es gratis que Ancap pierda dinero cuando vende gasoil, y la transparencia exigiría explicar quiénes pagan, para que la ciudadanía piense si le parece bien.
Hasta mañana.