Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El año pasado la Intendencia de Canelones (IC) no logró la mayoría especial necesaria en la Junta Departamental para aprobar un endeudamiento a largo plazo por 80 millones de dólares, destinados básicamente a obras. Necesitaba el voto de un edil no frenteamplista y no lo tuvo. En esto incidieron factores ajenos a la política canaria, entre ellos la injerencia de las autoridades nacionales de los partidos Nacional (PN) y Colorado, y también la negativa de ediles frenteamplistas a votar propuestas similares en algunos departamentos donde son oposición.
La IC, encabezada por Yamandú Orsi, no se dio por vencida, propuso un proyecto con un endeudamiento de unos 44 millones de dólares, buscó apoyos y obtuvo el del edil nacionalista Juan López. Anteayer se aprobó la iniciativa y comenzó una fuerte tormenta política, que terminó con la expulsión de López de Alianza Nacional y el anuncio de que se alejará del PN y renunciará a la banca.
En este episodio se cruzan varias polémicas, pero la referida a la disciplina partidaria se ha reiterado muchas veces, en diversas circunstancias y a propósito de distintas fuerzas políticas.
Basta con mirar una hoja de votación o considerar cómo se adjudican las bancas para darse cuenta de que, a los efectos electorales, primero está el partido, luego el sector y finalmente la persona que se postula. Sin embargo, cuando un parlamentario rompe con el sector o el partido por el que fue electo, con frecuencia no renuncia a su banca. Hay pocas y honrosas excepciones.
Nunca se ha aprobado una ley que establezca el mandato de las autoridades de los partidos sobre quienes representan a estos en organismos elegidos por voto popular. Tampoco en aquellos cuyos integrantes son designados de otras formas que implican una representación. Ninguna norma indica que quienes forman parte de directorios de la administración descentralizada, o del Consejo de Ministros, deban acatar las decisiones de los organismos de conducción partidarios, o que estos tengan la potestad de decidir que abandonen esos cargos. A veces lo hacen y por lo general son acatados, pero no por lo jurídico sino por lo político.
Las razones son las mismas que por las que personas involucradas en un juicio prefieren llegar a un acuerdo privado, que suele ser confidencial, en vez de exponer los pormenores de su conflicto. Los motivos de una ruptura política pueden desprestigiar a alguna de las partes o a ambas, resulta riesgoso ventilar lo que cada una sabe de la otra, y es mucho más seguro mantener un amplio margen de discrecionalidad para resolver estos problemas.
Cualquier desenlace de estos procesos es cuestionado. Si alguien acata decisiones con las que discrepa, habrá quienes critiquen el autoritarismo de la mayoría y la docilidad del disidente llamado al orden. Si no las acata, unos le llamarán traidor y otros héroe; habrá sonoras quejas por la incapacidad de disciplinarlo, y también defensas del respeto a la libertad individual. Todo esto dependerá del lugar desde el que se mira y de los intereses en juego, aunque sea revestido por la teoría más conveniente para cada parte.
Hasta mañana.