Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Peñarol jugó con Boston River al día siguiente de la Marcha del Silencio, y varios hinchas aurinegros fueron a su estadio llevando camisetas con la inscripción “Todos somos familiares”. Pasaron sin problemas los controles policiales básicos y los del personal de seguridad contratado por el club, pero los interceptaron personas sin uniforme que invocaron “una orden” de no permitir “ese tipo de consignas”.
Estas personas (que no se identificaron como integrantes de la Unidad de Violencia en el Deporte -UVD- de la Jefatura de Policía de Montevideo, pero lo eran) les quitaron las camisetas o les advirtieron que si las usaban dentro del estadio serían registradas por las cámaras de reconocimiento facial, y luego se les prohibiría la entrada a espectáculos deportivos.
Lo inusual empezó cuando el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, envió y difundió una queja a la UVD, la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Comité Ejecutivo de esta, reivindicando la libertad de expresión de los hinchas y reclamando que no se reiteraran las intervenciones policiales “innecesarias, desacertadas y hasta desagradables”.
La actitud de Ruglio marcó una gran diferencia con anteriores presidentes de Peñarol. Esto tiene entre sus causas que, en los últimos años (y no sólo en Peñarol), hay grupos organizados de hinchas que apoyan públicamente posiciones de izquierda. Ruglio asume que son parte de la gente a la que debe responder, cosa que quizá algunos de sus predecesores no habrían hecho.
En Peñarol y otros clubes pasan años antes de que los socios queden habilitados para votar. La renovación tarda, pero llega, y se empieza a legitimar una diversidad que antes no se manifestaba.
Lo que no cambia es que los “clubes grandes” tienen un peso político singular. El Ministerio del Interior se comunicó con Ruglio el domingo, le pidió disculpas y anunció que había tomado “medidas pertinentes para evitar situaciones similares en el futuro”. No pasó nada parecido cuando Progreso denunció, poco antes del referéndum del 27 de marzo, una intervención policial abusiva para impedir expresiones de apoyo al Sí.
En todo caso, los procesos de cambio cultural tienen sus propios ritmos y trayectorias, que no necesariamente los alinean con la ideología de quienes gobiernan el país. Los resultados electorales no son un respaldo a todas las ideas de los partidos que triunfan.
Esto fue claro durante los gobiernos del Frente Amplio y también lo es ahora, aunque algunos dirigentes oficialistas exageren los alcances del “mandato” que recibieron en 2019.
Por ejemplo, no pueden revertir, como muchos querrían, los cambios de la opinión pública en las últimas décadas sobre las cuestiones de género o el terrorismo de Estado. Y mucho menos tienen luz verde para desmantelar intervenciones del Estado legitimadas desde hace más de un siglo. A la larga, todo cambia, pero no todo cambia al mismo tiempo.
Hasta mañana.