El Ministerio del Interior publicó esta tarde un pedido de disculpas dirigido al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, luego de las denuncias hechas por el club el pasado sábado sobre las amenazas de personal policial contra las personas que asistieron al último partido con remeras de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos.

En un comunicado, se informa que autoridades del ministerio “se comunicaron anoche con Ruglio para informarle de lo acontecido el pasado sábado 21 y de lo resuelto, solicitándole las disculpas del caso”.

El texto también indica que la cartera “ha tomado las medidas pertinentes para evitar situaciones similares en el futuro”.

Consultado por la diaria sobre las medidas a tomar, un vocero del Ministerio del Interior indicó que son “medidas internas del trabajo en espectáculos deportivos”.

El domingo, un día después del partido entre el equipo aurinegro y Boston River en el estadio Campeón del Siglo, Ruglio envió una carta a la Unidad de Violencia en el Deporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, a la Comisión de Seguridad de la AUF y al Comité Ejecutivo de la AUF, en la que indicó que había sido alertado de “dos situaciones” que calificó como “innecesarias, desacertadas y hasta desagradables”.

“Por un lado, el veedor de seguridad del encuentro informó a nuestra Comisión de Seguridad sobre una bandera colgada en la tribuna Cataldi con una margarita sin un pétalo que, como es de público conocimiento, representa a los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en nuestro país”, explicó, y añadió que la bandera “no poseía ninguna leyenda ofensiva, política y mucho menos violenta, sino todo lo contrario”.

En segundo lugar, planteó que había recibido “decenas de comentarios sobre supuestos funcionarios de la Unidad de Violencia en el Deporte de la Jefatura de [Policía de] Montevideo, que sin ninguna identificación a la vista, ni presentándose como tal, impedían a hinchas de Peñarol ingresar a nuestro recinto con camisetas que contenían símbolos o distintivos con margaritas sin un pétalo”.

El presidente aurinegro aclaró que la Comisión de Seguridad del club no impidió el ingreso a las personas que llevaban las remeras de Familiares, sino que luego de entrar eran “interceptados por los funcionarios policiales, que les retenían las camisetas para poder acceder al sector de tribunas del estadio Campeón del Siglo”.

El hecho, ocurrido [un día después de la Marcha del Silencio], fue calificado por Ruglio como un “ataque a la libertad de expresión” que además “cercena los derechos de los ciudadanos en un escenario privado y sin prohibición alguna tanto de normas nacionales como de las disposiciones de la AUF al respecto”.

En este sentido, la carta de Ruglio solicitaba a las autoridades del Ministerio del Interior “un profundo análisis de lo ocurrido y se tomen las medidas del caso a efectos de que no vuelva a ocurrir otra vez”.

En esta ocasión, la respuesta del ministerio ante el reclamo de Peñarol fue muy diferente a lo sucedido en el fin de semana previo al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración, cuando el club Progreso, que milita en la Segunda División, denunció que el personal policial que se encontraba en el estadio Abraham Paladino solicitó “el retiro de distintivos que formaban parte del atuendo personal de algunos hinchas” y llevaron adelante una revisión en la tienda oficial del club buscando “material de índole político”.

En esa ocasión, primero el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, sostuvo que se trataba de un procedimiento para buscar pirotecnia y posteriormente, el ministerio recalcó que se trató de un “procedimiento de rutina”. Progreso no estuvo conforme con esta respuesta y resolvió llevar el caso a la Justicia para “proteger y evitar que sean vulnerados impunemente los legítimos intereses del Club Atlético Progreso, su parcialidad y demás personas que debieron padecer el desconocimiento de sus libertades y derechos”.