Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Durante el último gobierno del Frente Amplio (FA), el entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, expresó en varias ocasiones su convicción de que era necesaria una nueva reforma del sistema de seguridad social. Sin embargo, la decisión política del Poder Ejecutivo fue postergar la iniciativa.
Astori nunca llegó a exponer las bases de un proyecto. Señalaba que las tendencias demográficas exigen cambios, al disminuir la proporción entre aportantes y beneficiarios del sistema; que un alto porcentaje de los desembolsos del Estado se destina a pagar jubilaciones y pensiones (incluyendo la cuantiosa asistencia anual a la llamada Caja Militar); que iba ser preciso reajustar “todos los parámetros básicos” para que el sistema fuera sostenible; y que algunas normas aprobadas por los legisladores del FA no habían contribuido a resolver los problemas fiscales.
Había y hay otras opiniones en el FA. La cuestión se discute en todo el mundo, con tensiones entre lo que se considera justo, lo que resulta económicamente sostenible y lo que es políticamente viable.
Es perturbador que, mientras la riqueza crece, se plantee que la mayoría de las personas deben trabajar más años o recibir ingresos menores cuando ya no puedan trabajar. El financiamiento de retiros dignos con un mayor aporte de quienes más tienen enfrenta poderosas resistencias, y la ciudadanía suele estar poco dispuesta a que le impongan condiciones más duras.
El actual oficialismo reconoce que hay que reformar el sistema, pero hay diferencias de enfoque entre sus integrantes, y el acuerdo preelectoral al respecto de la “coalición multicolor” fue muy vago.
En 2019, antes y después de las elecciones, Astori había insistido en que era preciso abordar el tema en el primer año del siguiente gobierno, pero en 2020 el Poder Ejecutivo se limitó a incluir en la Ley de Urgente Consideración la formación de una Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), con mayoría oficialista, para que planteara recomendaciones.
La CESS demoró mucho más de lo previsto en terminar su trabajo, en buena medida por discrepancias entre oficialistas que no se divulgaron, y aprobó una propuesta con orientaciones rechazadas por quienes representaban al FA, al PIT-CNT y a la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
El Ejecutivo trabaja desde hace meses en la redacción de un proyecto, al que el presidente Luis Lacalle Pou ubicó entre las prioridades inmediatas tras el referéndum, pero el panorama es complicado.
La perspectiva de que el FA no lo vote llevó a que legisladores oficialistas declararan que, si la oposición no va a asumir la responsabilidad de aprobar normas impopulares, se podría dejar el asunto sin resolver. Es una manera de razonar llamativa, aun sin entrar en consideraciones éticas.
La Constitución establece que sólo el Ejecutivo puede enviar al Parlamento proyectos sobre el asunto, y no tiene sentido pedirle al FA que, antes de que haya uno, lo apoye o proponga una alternativa. Mañana Lacalle Pou y la mayoría de los integrantes de la CESS se reunirán con toda la bancada oficialista para empezar a discutir el tema, y es imposible prever qué ocurrirá.
Hasta mañana.