Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Según anunció el presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo ante la Asamblea General, el Poder Ejecutivo prevé avanzar este año en el proyecto llamado Neptuno o Arazatí, para potabilizar aguas del Río de la Plata con miras a su consumo en el área metropolitana, mediante un acuerdo con el consorcio privado Aguas de Montevideo.
Esta iniciativa, que ya había sido impulsada a comienzos de este siglo y luego se descartó por razones técnicas, choca contra una disposición constitucional, aprobada por amplia mayoría en el plebiscito de 2004: “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Este es uno de los motivos de la oposición al proyecto por parte de la Federación de Funcionarios de OSE, pero hay otras objeciones que resulta oportuno recordar, dado que el domingo 5 fue el Día Mundial del Medio Ambiente.
El estudio de factibilidad presentado por Aguas de Montevideo menciona dos docenas de posibilidades de “impacto potencial negativo significativo”, que requieren en cada caso “una evaluación específica”. Entre otras cosas, pérdida de vegetación y fauna, afectación de áreas protegidas, remoción de dunas, contaminación de aguas subterráneas y alteraciones de ecosistemas, aparte de los problemas vinculados con la floración de cianobacterias en el Río de la Plata.
Lo antedicho se refiere a los posibles impactos directos. Hay otros que tienen que ver con lo que implica como conducta del Estado ante las cuestiones ambientales. El suministro de agua potable a la región metropolitana proviene de la cuenca del río Santa Lucía, afectada desde hace años por una contaminación que, en gran parte, se debe a prácticas dañinas en la producción agropecuaria.
Como señala en esta edición Karin Nansen, es preocupante que el Ejecutivo, en vez de concentrarse en lograr la recuperación y la gestión sustentable de esa cuenca, busque un eventual y muy discutible sustituto del recurso deteriorado.
Para reflexionar sobre las relaciones entre el afán de lucro cortoplacista y el ambiente, mencionemos la increíble historia de la República de Naurú, un microestado independiente desde 1968, en una pequeña isla del Pacífico, con apenas 21 kilómetros cuadrados y menos de 11.000 habitantes.
La isla se formó como un gran depósito de fosfatos, única riqueza natural en su escaso territorio, y a mediados de los años 70 la explotación minera ubicó el ingreso por habitante de Naurú en el segundo lugar del mundo, sólo por debajo de Arabia Saudita.
Pronto la extracción intensiva dejó al país en la ruina y estropeó la mayor parte de su territorio. Sucesivos gobiernos intentaron superar la crisis con opciones indignas, como convertir a Naurú en un importante facilitador del blanqueo internacional de dinero, vender al mejor postor su voto en organismos internacionales y funcionar como un atroz centro de detención extraterritorial para las autoridades de Australia.
Uno diría que la tragedia de Naurú aporta enseñanzas útiles para la humanidad en general y para la población uruguaya en particular.
Hasta mañana.