Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Un estudio del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT señala que la mayoría de los trabajadores del sector privado recién volverán a los niveles de salario real que tenían en 2020 cuando esté terminando el actual período de gobierno. Las autoridades nacionales, con el ingenio retórico que las caracteriza, dicen que van a cumplir su compromiso de “recuperación salarial”, sin aclarar que no se trata de una mejoría de la situación previa a este gobierno, sino apenas de volver al punto de partida luego de cuatro años en los que el poder de compra de las remuneraciones laborales se mantuvo, en promedio, disminuido. Y, por supuesto, a nadie se le va a devolver lo que perdió mes a mes desde 2020.
Se alega, por supuesto, que la caída al comienzo de los prometidos “cinco mejores años de nuestras vidas” fue una fatalidad debido a la emergencia sanitaria, pero es preciso tener en cuenta algunos datos básicos completamente ajenos a la covid-19.
En el documento “Compromiso por el país”, firmado en 2019 por los cinco partidos que ya habían acordado apoyar a Luis Lacalle Pou en el balotaje, se prometió “defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos”, pero antes la mayoría del actual oficialismo había insistido en la necesidad de dos lineamientos de política salarial cuyas consecuencias no podían ser las que plantearon en su acuerdo programático.
Por un lado, se enfatizó la explicación liberal clásica del aumento del desempleo que se registraba sobre el fin de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, afirmando que su causa eran niveles salariales excesivos, y que si “saliera más barato” contratar trabajadores, la cantidad de puestos de trabajo aumentaría. Esto se cumplió: el desempleo durante el actual gobierno, luego de aumentar en 2020, tendió a caer, pero al mismo tiempo el promedio del salario real disminuyó, con más personas ocupadas ganando menos (y un ejemplo extremo fueron las contrataciones del programa Oportunidad Laboral, más conocido como “jornales solidarios”, que aliviaron la desocupación con empleos transitorios, de 12 días mensuales durante cuatro meses y bajas remuneraciones).
Por otro lado, se planteó la necesidad de “flexibilizar” los convenios laborales, para adecuarlos a la diversidad de situaciones dentro de cada sector de actividad. Como los convenios no establecen topes máximos de aumentos, sino niveles mínimos, la “flexibilización” significaba habilitar que se pagara por debajo de los laudos sectoriales. No se avanzó en esta dirección, por motivos obvios, en medio de la fuerte caída de las remuneraciones a partir de 2020, pero la intención era muy clara, y tampoco apuntaba a “defender el poder de compra” de los salarios en general o de los “más sumergidos” en particular.
El producto interno bruto y las exportaciones cayeron en 2020, sobre todo el primero, pero ya se habían recuperado al año siguiente. Los salarios, en cambio, se mantuvieron caídos y recién volverán a su nivel previo el año que viene. Otra promesa preelectoral fue que el ajuste no se haría a costa de “la gente”, sino del Estado. No se cumplió, pero ahora la promesa reaparece.
Hasta mañana.