Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las prioridades del oficialismo en el último tramo de este período de gobierno son sin duda significativas, y ayer los diputados de la coalición de gobierno aprobaron el proyecto de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que pasará al Senado.
Esta columna se ha dedicado en varias oportunidades a la iniciativa, cuya versión original fue enviada al Parlamento por Luis Lacalle Pou en su primer año de gobierno, con la recomendación de que se le diera alta prioridad, pero que había permanecido hasta ahora en la Comisión de Industria, Energía y Minería (entre otras cosas porque Cabildo Abierto, en una de sus muchas pulseadas con el presidente, frenó durante años el tratamiento del proyecto y presentó uno propio del que más vale no acordarse). Basta con decir hoy que el texto aprobado permite una mayor acumulación de licencias por cada titular, elimina los pagos por el uso de frecuencias con fines de lucro y desmantela la institucionalidad creada para defender derechos de las audiencias, incluyendo las medidas para que la asignación de licencias sea un proceso público y transparente.
Estas y otras disposiciones del proyecto satisfacen viejas demandas de los grandes medios, reiteradas desde que se aprobó en 2014 la ley vigente en la materia, nunca aplicada por completo. Pero el discurso del oficialismo para defender estas disposiciones no tuvo la franqueza de reconocer en beneficio de quiénes están legislando y alegó, entre otros recursos falaces, que su intención es proteger a pequeñas emisoras del interior.
Otros intentos de justificar la iniciativa tuvieron en común la característica de invocar problemas que en algunos casos no existen y en otros tienen escasa o nula relación con las nuevas normas que se pretenden establecer.
Se dijo que este proyecto va a “eliminar las inconstitucionalidades” de la ley vigente, pero la verdad es que los grandes canales privados presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la mayoría de sus 202 artículos y la Suprema Corte de Justicia ya los resolvió, dándoles la razón a los demandantes en sólo ocho casos.
Se dijo que la concentración de la propiedad de los medios “ya existe”, violando las limitaciones vigentes, y esto es verdad, debido a tolerancias cómplices, pero en vez de frenar el avance de las infracciones a la ley se busca legitimarlas, en nombre de una presunta comprensión de “hacia dónde va el mundo”.
Se dijo que hay voluntad de defender a los medios de comunicación uruguayos, pero este proyecto permite que un grupo extranjero compre la totalidad de las acciones de una empresa que brinda servicios de televisión para abonados.
Se dijo que la ley vigente “limita libertades”, pero, por cierto, no se trata de la libertad de expresión, de la que no se conocen violaciones amparadas por las normas actuales, sino de la presunta libertad de los dueños de grandes medios para maximizar su lucro empleando un bien público, que además se permite (y se les permite) comprar, vender o dejar en herencia como si fuera de su propiedad.
En el mejor de los casos, el próximo gobierno tendrá la difícil tarea de volver a legislar en este terreno estratégico para la calidad de la democracia.
Hasta mañana.