Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La incertidumbre puede ser muy provechosa para el pensamiento político: es un antídoto contra la convicción de pertenecer a un grupo integrado por las mejores personas, que buscan objetivos inevitables y siempre tienen razón; también evita el fatalismo ante las derrotas, alimentando rebeldías y esperanzas, como sucede con la reivindicación del alicaído “wilsonismo” en el Partido Nacional (PN).
Hay otras áreas de la vida social en las que la incertidumbre es sumamente dañina, y entre ellas está la relacionada con el sistema judicial, que debe asegurar la existencia de garantías y claridad, para prevenir la posibilidad de abusos y aun la sospecha de que existan.
Un ejemplo es la situación, cada vez más intrincada, que creó la fiscal Gabriela Fossati cuando decidió indagar al frenteamplista Gustavo Leal en el marco del “caso Astesiano”, sin darle a conocer con qué fundamento jurídico lo hizo.
En el PN predomina desde hace unos 15 años la corriente interna conservadora liderada primero por Luis Alberto Lacalle Herrera y luego por su hijo, el actual presidente Luis Lacalle Pou. El llamado wilsonismo no gana elecciones internas desde 2004, su identidad se venía desdibujando incluso antes del fallecimiento de Jorge Larrañaga, y no se perfila una figura de relevo capaz de reunir y revigorizarlo.
Las dos precandidaturas que se perfilan con más fuerza son las de Álvaro Delgado y Laura Raffo, representando dos facetas de la corriente mayoritaria, pero el sector de la vicepresidenta Beatriz Argimón no se resigna a que la corriente que reivindica a Wilson Ferreira Aldunate carezca de una precandidatura propia.
El proceso judicial que Fossati tiene en sus manos involucra una trama de complicidades para delinquir entre personas con altos cargos de gobierno. Lo mejor para el país y para el prestigio del sistema judicial habría sido que lo manejara en forma serena, rigurosa e imparcial.
Sin embargo, el acuerdo que realizó con Alejandro Astesiano para acelerar y reducir su condena, su descarte de varios hechos con apariencia delictiva, la decisión de mantener en reserva las comunicaciones de Astesiano con Lacalle Pou y su locuacidad imprudente abonan las sospechas de que no quiso investigar hasta el fondo, reforzadas por la difusión de un mensaje de audio en el que decía que no estaba dispuesta a “inmolarse”.
A esto se sumaron su denuncia por difamación contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; la decisión de indagar a Leal por un presunto encubrimiento, no se sabe de qué, de quién o de qué modo; y su regreso al trabajo antes de que terminara la licencia médica que solicitó, con la evidente intención de que el fiscal subrogante Fernando Romano no pusiera fin a la indagatoria sobre Leal.
La cuestión se complica aún más con un par de denuncias administrativas. Una de ellas fue presentada por Leal contra Fossati, alegando que no le ha otorgado las garantías debidas; la otra fue de Fossati contra Romano, por violencia de género, sin que se conozcan los fundamentos de esta acusación grave.
Todo el asunto se enturbia cada vez más y entrevera lo político con lo jurídico, con daños graves hacia los dos lados.
Hasta mañana.