Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ayer esta columna se centró en algunas reflexiones sobre la inconveniencia de tratar con prejuicios e intereses propios la situación que involucra a Romina Celeste y Gustavo Penadés. Hoy, por desgracia, es preciso abordar algunas declaraciones públicas con esas características.
El impacto es muy fuerte para los dirigentes del Partido Nacional (PN). Gran parte de ellos tienen vínculos políticos, de trabajo y de amistad con Penadés, y él es una pieza clave en el funcionamiento de la bancada nacionalista. Además, es claro que este episodio perjudicará la imagen del partido con independencia de cuál sea su desenlace, y poco ayuda en este sentido que la acusación provenga de otra persona identificada con el PN, mucho menos encumbrada pero sin duda notoria. Pese a todo lo antedicho, no hay forma de justificar algunas declaraciones.
Hubo dirigentes nacionalistas que actuaron con adecuada cautela, y de ese grupo hay que destacar, por lo infrecuente de tal actitud en ella, a la senadora Graciela Bianchi, quien afirmó que le parece “muy bien” que la Fiscalía haya decidido comenzar una investigación de oficio, y que ella no sabe quién dice la verdad.
En otros casos la cautela brilló por su ausencia, y cabe acotar que para evaluar esto hay que tener en cuenta no sólo lo que se dice, sino también desde qué posición institucional se dice. Andrés Capretti, asesor de Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior, tuiteó que “Gustavo Penadés es uno de los legisladores más respetados, inteligentes y más importantes que tiene este país”, y que “eso sólo puede pasar siendo buena persona”. Fue un despropósito, pero las opiniones de Capretti no tienen gran incidencia.
En cambio, Pablo Iturralde es el presidente del directorio del PN, y si bien fue muy atinada su afirmación de que lo importante no es si él o ese organismo respaldan a Penadés, sino las decisiones judiciales, resultó mucho menos pertinente, en las actuales circunstancias, que agregara cuestionamientos a la presunta partidización de Fiscalía y de “muchos fiscales”.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo que le cree a Penadés y le tiene confianza, dos datos que realmente no aportan a los efectos de la actuación judicial. También afirmó, con un criterio contrapuesto al de Iturralde, que respalda al senador, y esto, más que aportar, presiona. Pero quien se desubicó de peor forma fue Heber, al afirmar que Romina Celeste difamó a Penadés.
No es la primera vez que el ministro derrapa en sus relaciones con el sistema judicial. En varias ocasiones respaldó de antemano a funcionarios que eran investigados, e incluso se hizo presente en el juicio a los policías acusados del homicidio de Santiago Cor en Durazno (uno de los cuales resultó condenado) para manifestar su solidaridad con ellos.
En este caso el desborde es aún más grave, porque los subordinados de Heber deben auxiliar a Fiscalía en la investigación sobre Penadés, y está obviamente fuera de lugar que su jefe dictamine de antemano sobre el fondo del asunto. Parece casi una orden, de las que no quedan amparadas por el criterio de obediencia debida.
Hasta el lunes.