Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Este año se han producido en Uruguay algunos acontecimientos sin precedentes, como la condena del jefe de la custodia presidencial por delitos graves que cometía desde la sede del Poder Ejecutivo, el fuerte descenso de la calidad del agua suministrada por OSE o el pedido de desafuero de un senador acusado de explotación sexual de adolescentes, pero es difícil decidir si es peor este tipo de novedades atroces o el eterno retorno de cuestiones que no se resuelven.
En Brasilia, convocados por Luiz Inácio Lula da Silva, casi todos los presidentes de América del Sur retomaron un diálogo sobre la integración regional, que se ha reiterado durante varias generaciones sin dar ni la mitad de los resultados tantas veces prometidos.
Luis Lacalle Pou dijo en ese ámbito que no considera necesario crear nuevas instituciones para ocuparse del asunto porque ya hay varias, y que lo más importante es pasar a la acción. Es un planteo atendible, pero cabe preguntarse en qué medida han contribuido a la integración regional las acciones de nuestro presidente desde que asumió, sin olvidar su conducta en el Mercosur y sus reiterados anuncios de que Uruguay se proponía avanzar por su cuenta en la búsqueda de acuerdos comerciales con países bastante lejanos del continente americano (como es obvio, que no haya logrado nada en este sentido dista de ser un atenuante).
En el Paraninfo de la Universidad de la República se realizó una de las muchas actividades que conmemorarán este año el golpe de Estado de hace medio siglo. Representantes de los tres partidos mayores, del PIT-CNT y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay plantearon interpretaciones del proceso autoritario que mantuvieron consabidas diferencias, y hubo carteles reclamando por las impunidades que persisten.
El Poder Ejecutivo impulsa, desde el Ministerio de Defensa Nacional, un proyecto de ley sobre el acceso a “documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones a los derechos humanos”, pero se trata de los que ya han sido hallados y examinados, de modo que no cabe esperar que aporten novedades para la larga búsqueda de verdad y justicia en los casos de desapariciones forzadas. Mientras tanto, el mismo ministerio negó, por razones que aún no están claras, acceso a un documento que quizá sí podría aportar algunas novedades en este terreno.
Hace 11 años, el asesinato de un trabajador de La Pasiva, cuya filmación fue mostrada más de un centenar de veces en televisión, desató una oleada de indignación, protestas por la inseguridad y demandas de que las autoridades tomaran medidas. Esta semana, el asesinato de un trabajador de Ta-Ta genera un efecto parecido, con duras críticas a quien se desempeña como ministro del Interior y arengas sobre la necesidad de “mano dura” y nuevos aumentos de penas.
Malo es afrontar una y otra vez los mismos problemas, pero peor resulta, sin duda, no dar muestras de haber aprendido algo.
Hasta mañana.