Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Unas 200 licencias de emisión para radios llegarán a su fin el año que viene al cumplirse diez años de vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), y esta dispone que, para renovarlas por diez años más, se controle el cumplimiento de algunos compromisos asumidos por los concesionarios. Sin embargo, el Poder Ejecutivo declara que carece de los recursos necesarios para realizar tales controles, y se propone prorrogar las licencias cinco años más en forma automática.
Es una muestra más de la tensión histórica, en Uruguay, entre el ordenamiento legal de los medios de comunicación audiovisual y la realidad.
Según las normas vigentes, las frecuencias radioeléctricas son un bien público, cuyo uso lucrativo por parte de empresas privadas se autoriza en forma transitoria, mediante licencias “precarias y revocables” que sólo se pueden transferir con autorización estatal expresa. Estos criterios se alinean con una doctrina internacional de la que sólo se apartan regímenes autoritarios.
En los hechos, las licencias se han otorgado a dedo, por afinidades políticas o en un toma y daca de favores con las empresas, que funcionan como si el uso de las frecuencias fuera parte de su patrimonio, heredable y vendible.
Durante los gobiernos del Frente Amplio se intentó que el criterio consagrado en las normas nacionales e internacionales ganara un poco de terreno. La SCA, aprobada recién en 2014, estableció plazos generosos para la renovación de licencias, así como criterios de apertura y garantías para la competencia entre distintas propuestas, limitaciones a la concentración de la propiedad de medios, el pago de un canon por el uso y algunas exigencias muy básicas y razonables en materia de contenidos, como las referidas a porcentajes mínimos de programas con producción nacional y a derechos del público, incluyendo el de la accesibilidad.
Ante estas exigencias, bastante comedidas, las empresas pusieron el grito en el cielo y presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la gran mayoría de los 202 artículos de la ley. Sólo fueron aceptados para ocho, pero la reglamentación y aplicación de la norma quedaron en suspenso mientras se trataban los recursos, y cuando finalmente hubo luz verde para la enorme mayoría de sus disposiciones, tampoco se aplicó del todo.
Luego llegó el actual gobierno nacional, anunciando que derogaría la ley vigente, pero no ha cumplido esa promesa y tampoco la ley. Por la vía de los hechos va desmontándola y replegándose para que no haya pagos ni controles ni concursos ni cuotas nacionales ni límites a la concentración.
Ahora llegamos a la asombrosa declaración de que el Estado se abstendrá incluso de controlar el cumplimiento de requisitos mínimos para que las radios sigan en las mismas manos.
El actual gobierno asumió en 2020 y tuvo tres oportunidades, en la ley de presupuesto de ese año y en las de rendiciones de cuentas de los dos siguientes, para dotar al MIEM de lo que iba a necesitar. No lo hizo y ahora quiere regalar prórrogas en un año electoral, pero asegura que no es un tema político.
Hasta mañana.