Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cuando hay problemas que afectan a un gran número de personas y se acercan las elecciones, es esperable que desde el elenco partidario surjan iniciativas con la intención declarada de aliviar esos problemas. Pero esto no significa que todas las propuestas sean acertadas y puedan resultar eficaces.
En esta edición, un artículo de Pedro Apesteguía resume la larga y compleja historia que está detrás de la situación de entre 15.000 y 23.000 deudores hipotecarios en unidades reajustables, que es uno de los problemas para los que se están manejando públicamente proyectos de ley. Una de las conclusiones del análisis es que no todas las situaciones son semejantes y que no parece justo plantear soluciones generales para todas ellas.
A la luz de estas consideraciones, es razonable pensar que, si está realmente en torno a un millón la cantidad de personas afectadas por el sobreendeudamiento individual, relacionado en gran medida con créditos para el consumo, es muy poco probable que todas sus situaciones sean semejantes y merezcan, con justicia, el mismo tipo de solución. De todos modos, también se puede pensar que proponer una serie de medidas que presuntamente resolverán bien todos los casos es más efectivo para cosechar apoyo electoral.
Sin embargo, quizá este no es el principal problema de la iniciativa que Cabildo Abierto (CA) planteó como proyecto de ley y ahora decidió convertir en una propuesta de reforma constitucional, para la que anunció que iniciará una recolección de firmas.
Los proyectos que se manejan para los deudores hipotecarios se relacionan con créditos otorgados por el Estado. El de CA afectaría un mercado lleno de operadores privados legales e ilegales, en el que una intervención poco cuidadosa puede tener efectos contraproducentes.
La semana pasada asistió a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que tiene a estudio el proyecto cabildante, una delegación de la Asociación de Bancos Privados (ABPU). Se trata, por supuesto, de una parte interesada en el asunto, y hay que escuchar varias otras campanas, pero cabe acotar que se trata de la parte de los prestadores de dinero que está más regulada.
Hay otras que ni siquiera actúan en la legalidad, y que por supuesto no cuentan con una cámara empresarial convocable al Parlamento, y su eventual conducta si se aprueba esta iniciativa es uno de los factores más delicados a tener en cuenta.
La directora ejecutiva de la ABPU, Bárbara Mainzer, dijo con claridad lo que podía prever cualquier persona mínimamente conocedora del funcionamiento del mercado crediticio. Si se reducen sustancialmente los intereses que se pueden cobrar por un préstamo, como propone CA, corresponde esperar que el sistema financiero formal, que trabaja a la luz del día y estaría obligado a cumplir con las nuevas reglas de juego, decida no otorgar créditos cuyo riesgo se elevaría.
Así, las personas que necesitan urgentemente dinero para necesidades básicas quedarían aún más en manos de prestamistas informales, a quienes poco les importan las prohibiciones legales de la usura. Es indispensable tenerlo presente.
Hasta mañana.