Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En la polémica acerca de la propuesta del impuesto de la Intendencia de Montevideo (IM) al transporte de combustibles hay una enorme distancia entre la magnitud real de lo que está en juego y la que se le adjudica. Este tipo de operación política no es nuevo, pero está llegando a niveles inauditos.
Desde 1962 la IM le cobró una “tasa de inflamables” a los vehículos de transporte de combustibles. Una tasa implica una contraprestación del organismo recaudador, que en este caso era, teóricamente, inspeccionar los vehículos en forma periódica, pero de hecho las inspecciones no se realizaban. Por eso la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó un recurso de inconstitucionalidad presentado por la distribuidora de combustibles Ducsa, de Ancap.
Derogada la tasa, la IM decidió sustituirla por un impuesto, alegando que el transporte de combustibles es realizado por camiones pesados, que circulan por todo el departamento y son responsables de un deterioro de las calles que cuesta dinero revertir.
Hay controversias jurídicas sobre el tema, pero la narrativa política oficialista exagera de tal modo las eventuales consecuencias del impuesto que es difícil decidir si corresponde indignarse o reír.
La vieja tasa era de 0,4% sobre el precio de venta al público del combustible transportado, y cuando la SCJ falló contra ella, Ancap decidió que la disminución de costos permitía una rebaja de 22 centésimos en el precio de las naftas y una de 12 centésimos en el del gasoil. El impuesto que propone la IM es de 0,5%, un poquito mayor que la tasa derogada.
En el relato del presidente Luis Lacalle Pou, “el gobierno [nacional] baja impuestos y la Intendencia de Montevideo sube impuestos”. Otros jerarcas y dirigentes políticos oficialistas destacan que el proyecto de la intendenta Carolina Cosse causaría un aumento del precio de los combustibles, omitiendo cuantificarlo en los centésimos correspondientes (y omitiendo también que los impuestos cobrados por el gobierno nacional encarecen muchísimo más las naftas y el gasoil).
La desproporción entre realidad y retórica evoca el llamado “plebiscito del vintén”, que se realizó en Montevideo en 1951, contra un aumento del precio del boleto.
Un vintén era una moneda de dos centésimos, y el intendente colorado de Montevideo, Germán Barbato, dispuso que el precio del boleto urbano para ómnibus y tranvías aumentara un vintén. En aquel momento era posible impulsar consultas populares acerca de este tipo de normas, y un movimiento iniciado por el nacionalista Gustavo Penadés (no, por supuesto, el senador cuyos fueros se suspendieron este año) recolectó algo más de 141.000 firmas para someter a referéndum departamental el aumento.
Luego de una campaña breve, pero intensa y tremendista, concurrieron a votar menos de 118.000 personas, una cantidad por debajo de la de firmantes por el referéndum y que no llegaba a la cuarta parte de los habilitados. La mayoría de esas personas votó por la derogación y el boleto volvió a su precio anterior, aunque fue por poco tiempo. Pronto la inflación determinó que volviera a subir.
Por vintenes, nuevamente, se da la actual polémica.
Hasta mañana.