Este martes se analizará en la Junta Departamental de Montevideo el proyecto de decreto que presentó la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para imponer un nuevo impuesto sobre los vehículos que “carguen o descarguen a granel, dentro de los límites del departamento, líquidos inflamables y gas licuado de petróleo para su comercialización”.

De acuerdo con el documento, al que accedió la diaria, el decreto se ampara en el numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de la República, que establece que los impuestos a los espectáculos públicos y a los vehículos de transporte serán “fuentes de recursos de los gobiernos departamentales, decretados y administrados por estos”.

El objetivo de la Intendencia de Montevideo (IM) es que los contribuyentes sean los propietarios y remitentes de la carga, “en forma solidaria”, y que se pague el 0,5% del valor de los bienes transportados, calculado con base en la cantidad de litros por el precio de venta unitario. Asimismo, el texto propone que se defina como agente de retención del impuesto a Ancap, a Alcoholes del Uruguay (ALUR) y a personas físicas y jurídicas que suministren los productos establecidos.

El artículo 297, en el que se resguarda lo planteado, enumera los diferentes tipos de ingresos públicos que pueden crear los gobiernos departamentales. Entre ellos se encuentran precios o tasas por servicios o bienes, contribuciones de mejora por obras públicas y “una serie de impuestos que la Constitución menciona taxativamente”, explicó a la diaria Andrés Blanco, profesor titular del Instituto de Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). En ese sentido, el abogado consideró que afirmar que los gobiernos departamentales no pueden crear impuestos, como lo hizo el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, entrevistado por El Observador, “es incorrecto”. Pueden hacerlo “siempre que estén dentro de esa lista”, argumentó.

A la vez, Blanco se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la tasa de inflamables, porque la intendencia “desde hace muchos años dejó de controlar efectivamente a los camiones que transportaban combustible”. Según el docente de la Udelar, la tasa y el precio “son ingresos que un órgano estatal recibe como contrapartida por un servicio o un bien” y, dado que la IM cobraba pero ya no prestaba el servicio de control, no había contraprestación, por lo que se había convertido en un impuesto.

La semana pasada, el director de Recursos Financieros de la IM, Mauricio Zunino, dijo en conversación con la diaria que lo planteado es “una reestructura” de la tasa de inflamables, a la que le cambiaron “la forma tributaria” declarada inconstitucional. “Nosotros derogamos la vieja tasa y generamos esta modificación que implica transformar la naturaleza jurídica del tributo”, narró. También señaló que “los sujetos pasivos son los mismos que eran sujetos pasivos de la tasa” y aseguró que “no hay ningún cambio adicional”.

Por otro lado, el abogado Leonardo Costa, prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle y profesor de Fiscalidad Internacional en la Universidad Católica, expresó a la diaria que la nueva propuesta “es inconstitucional”. Si se implementa un impuesto al transporte, se debe gravar al vehículo, pero en este caso “se está gravando a la circulación y a la carga” sin la potestad necesaria, mencionó. “De hecho se fija como contribuyente al dueño remitente de la carga y no al vehículo”, agregó. Además, a partir de que “el precio del impuesto se cobra en un porcentaje sobre el precio de venta de inflamables”, el abogado afirmó que “claramente no hay relación con el vehículo y, por lo tanto, no es un impuesto al transporte”. “Lo único que te permite la Constitución es gravar el transporte, no puede gravar la circulación específica”, subrayó.

Lo importante

“A mí me gustaría que el presidente estuviera tan preocupado por bajar los impuestos como está por el tema de la tasa de inflamables”, opinó Cosse durante una rueda de prensa, al ser consultada sobre los dichos del presidente Luis Lacalle Pou, quien manifestó que, de aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo apelará. Luego de solicitarle al mandatario que atienda “lo importante” y que devuelva los dos puntos de IVA que quitó al asumir, la intendenta dijo que la reestructuración de la vieja tasa “a lo sumo podría afectar en un quinto de peso por litro”, que “en un tanque de 45 litros, son nueve pesos”.

“Que el gobierno hace un esfuerzo por bajar impuestos y que el gobierno departamental de Montevideo los sube no es verdad”, resaltó Cosse. “Me vengo a enterar hoy de que van a subir la nafta en estos días”, pero “ahora la culpa de la subida de la nafta la tiene la tasa de inflamables”, añadió.