Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El proyecto de Rendición de Cuentas que trata el Parlamento es el último de los significativos en este período, porque el del año que viene estará acotado por restricciones constitucionales, establecidas para evitar maniobras electoreras. En este marco, algunas características de la iniciativa del Poder Ejecutivo confirman su manera de encarar el gobierno.
Lo antedicho no se aplica a la inclusión de disposiciones que violan el artículo 216 de la Constitución, porque sus efectos obviamente continuarán más allá del 1º de marzo de 2025. Esta mala práctica no es distintiva del actual gobierno, ya que antes incurrieron en ella muchos otros, de todos los partidos.
Es llamativo que el proyecto no jerarquice algunas áreas en las que están a la vista graves problemas de larga data, como el de los recursos de la OSE para mantener, mejorar y aumentar sus redes de suministro; y tampoco otras en las que el Estado tiene crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones, como las vinculadas con el narcotráfico, tanto en lo referido al control fronterizo y portuario como en materia de seguridad pública.
La ausencia de refuerzos importantes en el primer caso es un síntoma claro de la concepción ideológica predominante en el Ejecutivo, que apuesta al éxito de la iniciativa privada y es reticente u hostil al protagonismo del Estado, asemejándose más, en este sentido, a una administración que a un gobierno. Pero en lo referido a la proclamada “guerra contra el narcotráfico” cuesta encontrar una explicación racional, ya que desde posiciones liberales mucho más extremistas que las de este gobierno se reconoce que la seguridad pública es una función estatal básica e irrenunciable.
Más allá de lo antedicho, que requeriría un análisis más profundo, hay opciones que se reiteran y son mucho más fáciles de entender, aunque no de aceptar. Al Instituto Nacional de Colonización se le vuelven a quitar recursos , y para calificar la actitud del oficialismo hacia esta institución ya se justifica hablar de odio (aunque más de un alto dirigente partidario se haya valido de ella para recibir tierras que, por cierto, no se dedicó luego a trabajar personalmente). Resulta evidente que “el campo” al que las actuales autoridades se jactan de apoyar sólo es sinónimo de los grandes productores y el agronegocio en gran escala.
Otro caso en el que parece necesario hablar de animosidad política es el de la Universidad de la República (Udelar). El Ejecutivo se ha negado una y otra vez a tener en cuenta sus necesidades presupuestales, y cuando algo obtiene, muy por debajo de lo que sería deseable, es por reasignaciones del gasto procesadas en el Parlamento, que implican otorgarle menos a otras áreas.
Esta actitud hacia la Udelar es muy mala para el país en términos estratégicos, y uno de sus numerosos perjuicios es que limita el desarrollo científico, un área en la que el potencial uruguayo es tan alto que, con recursos escasos, hay nivel y logros destacables. Bien lo sabe el presidente Luis Lacalle Pou, que apeló a la comunidad científica cuando las papas quemaban durante la emergencia sanitaria, pero luego parece haberla olvidado.
Hasta mañana.