Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ni las dificultades del mutualismo ni la penetración del narcotráfico internacional comenzaron con el actual gobierno, pero es inocultable su reiteración en modo “escándalo” durante los últimos años. Ayer se conocieron nuevos aspectos sobre dos de ellos, que involucran al cierre de Casa de Galicia y a la utilización del puerto de Montevideo como vía de salida hacia Europa de cargamentos de droga.
En varias instancias, Alberto Iglesias, expresidente de la directiva de Casa de Galicia, había acusado al Poder Ejecutivo de forzar el cierre de la mutualista. Perdió varios juicios, pero a su favor contaba con la extendida costumbre de observar quiénes son beneficiados con el cambio, dado que tanto los socios como la infraestructura de Casa de Galicia fueron “repartidos” entre su competencia. El cierre de la mutualista no sólo fue polémico por esa duda sobre la necesidad de cerrarla, sino por la incertidumbre que causó entre sus asociados y por el despojo que significa para sus extrabajadores (muchos de ellos están haciendo juicios al Estado luego de que el Poder Ejecutivo vetara una ley que les reponía buena parte de lo adeudado por la mutualista cerrada).
Ayer se supo que la Fiscalía investigará la posible presión del Poder Ejecutivo sobre quienes debían elevar informes de la situación financiera de Casa de Galicia. Al parecer, los reportes técnicos indicaban que la mutualista estaba en condiciones de mejorar su situación si recibía un préstamo ya tramitado, pero autoridades del gobierno (de la Junasa) intervinieron para que la naturaleza de los informes vedara ese camino, con la intención de que la mutualista cerrase. “Si lo decíamos nosotros, parece que lo queríamos inventar”, dice ahora Iglesias.
En esta edición también publicamos declaraciones sumamente autocríticas del presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, Roberto Valdivieso. Pero además de admitir fallas en el funcionamiento de su repartición, Valdivieso apuntó a los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, siguiendo la lógica de que desde las aduanas se puede llegar a controlar si la droga sale de Uruguay, pero no detener su ingreso al país, que compete a la Policía y a la Fuerza Aérea. La llegada, hace tres semanas, de más de dos toneladas de cocaína (distribuidas entre cajas de alfajores y botellas de vermut) al puerto de Amberes, en Bélgica, tras transitar por la zona franca de Zonamerica, pasar por la Aduana y embarcar en la Terminal Cuenca del Plata, fue el último de una serie de bochornos internacionales que involucran contenedores engañosos procedentes de Uruguay.
Si a estas “exportaciones” les sumamos las derivaciones del caso Marset –por hablar sólo de titulares resonantes–, es sencillo concluir que no alcanza con reforzar la infraestructura de Aduanas para enfrentar la llegada de grandes organizaciones criminales al país.
Hasta mañana.