Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En Uruguay persiste un viejo culto a la noción del “justo medio”, que se autojustifica por la presunta existencia de dos malos extremos a evitar, e incluso postula que los ataques desde flancos contrarios demuestran que una posición es correcta. Un ejemplo reciente es la ley de “Regulación y control del cannabis”, aprobada en 2013, que algunos consideran excesivamente reguladora y controladora, mientras que otros aún la ven como un error nefasto.
El tema divide opiniones en el oficialismo y la oposición. Hay derechas liberales que defienden la legalización de todos los consumos, pero también derechas conservadoras que señalan a “las drogas” (o a algunas de ellas) como un factor disolvente de la civilización, contra el que hay que guerrear sin cuartel.
A su vez, hay izquierdas liberales y conservadoras. La ley vigente, aprobada durante la presidencia de José Mujica e impulsada por su ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, fue una transacción entre ambas vertientes, que habilitó una especie de período de prueba. Impulsada en nombre del combate al narcotráfico y no de los derechos de los consumidores (o de motivos sanitarios, como sucedió con la producción estatal de alcohol cuando se creó Ancap), contiene disposiciones muy progresistas pero también otras que no lo son tanto: entre ellas, las referidas al registro de consumidores y de cultivadores en pequeña escala.
Estos últimos no son algo muy distinto de las personas que hacen cerveza casera para consumo propio y de un entorno cercano. Si bien es conveniente que dispongan de un papel para evitar que la Policía los considere abastecedores de traficantes, esto no significa que el Estado se ocupe de mantenerlos vigilados o de prohibirles comprar variedades comerciales si les apetece.
En cuanto a los simples consumidores de cannabis, nadie plantea que las personas que beben whisky o fernet tengan que registrarse y poner al Estado en conocimiento de sus hábitos. Ni siquiera Tabaré Vázquez, ferviente cruzado contra el tabaquismo, llegó a proponer una medida semejante para los fumadores.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, insiste en la eliminación del requisito de registrarse como consumidor de cannabis para poder comprarlo en farmacias. Plantea argumentos centrados en la defensa de un derecho, hoy difícil de ejercer legalmente para las personas en peor situación socioeconómica y vedado para residentes en el exterior que visitan Uruguay, incluso si nacieron en este país y se les reconoce ciudadanía.
El “período de prueba” ha durado ya una década, y la legislación uruguaya en esta materia ya no es una rareza vanguardista en el mundo, sino el antecedente de una tendencia en avance. Esto significa también que los temores de 2013 vinculados con el “turismo cannábico” tienen hoy menos fundamento.
Los problemas crecientes de Uruguay en relación con las drogas tienen que ver, notoriamente, con el crimen organizado en gran escala (aunque el Ministerio del Interior siga obsesionado con el combate a la venta al menudeo) y con el consumo problemático de sustancias legales e ilegales. En lo demás, sería deseable que aumentara la libertad.
Hasta el lunes.