Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira, decidió no homologar la adjudicación de un Premio Nacional de Literatura a la obra ¿Se acabó el recreo? El proyecto educativo conservador, de varios autores. El motivo fue que el compilador del libro, y a la vez redactor de textos incluidos al inicio y al final, es Pablo Martinis, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, y por lo tanto responsable, en última instancia, de la designación de una integrante del jurado que premió la obra. Da Silveira resolvió también que se presentara una denuncia penal contra Martinis.
No pueden presentarse como aspirantes a estos premios las personas “vinculadas o involucradas en la gestión” de “ninguna de las etapas del llamado, ya sea de forma directa o indirecta”. Martinis no seleccionó personalmente a Andrea Díaz, profesora grado 5 de Filosofía de la Educación, para integrar el jurado en cuestión, pero sí estuvo indirectamente vinculado con la decisión, tomada en la facultad que dirige, y la avaló con su firma, como decano, en el trámite correspondiente ante el MEC. Pese a ello, suscribió también una declaración jurada para presentar el libro, en la que afirmó ser uno de los autores y no estar “comprendido dentro de las inhibiciones, prohibiciones y limitaciones” previstas.
Sobre esa base, el MEC entendió que correspondía denunciar al decano al amparo del artículo 239 del Código Penal, referido a la “falsificación ideológica por un particular”, donde dice que quien, “con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.
Nada indica, en principio, que Martinis haya actuado en forma correcta e irreprochable, pero el traslado del asunto a la Justicia penal parece una exageración tremendista, y el asunto se ve enturbiado por varios motivos.
El contenido del libro es, como su título lo indica con claridad, muy crítico de las políticas que Da Silveira impulsa y defiende. Martinis fue jerarca de la Administración Nacional de Educación Pública en el primer gobierno del Frente Amplio y es un notorio opositor al actual gobierno en general y a su política educativa en particular.
De postre, cabe señalar que el celo de Da Silveira ante eventuales violaciones del artículo 239 del Código Penal no se manifestó ante la evidencia de que la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, había presentado un cursillo como si fuera un posgrado en una declaración jurada.
En los años electorales, enero tiene características especiales. La gran mayoría del elenco partidario se dedica intensamente a descansar, preparándose para un período de gran actividad, la generación de noticias políticas es escasa, y resulta frecuente que cuestiones relativamente menores ocupen mucho espacio. Otra cosa que sucede en estos años, pero no sólo en enero, es que cualquier asunto se carga de intenciones relacionadas con la contienda entre el oficialismo y la oposición. Ambos factores parecen incidir en este caso.
Hasta el lunes.