Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Tenía un solo artículo, para que los ingresos y ascensos de personal en las intendencias se definieran mediante concursos, con “publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades” y una “justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”. Y para que cuando no correspondieran los concursos, por ejemplo, para trabajos poco calificados, hubiera sorteos públicos con los mismos criterios. Sólo eso decía el proyecto presentado por el legislador colorado Adrián Peña, similar a otros anteriores del Frente Amplio, que el martes de esta semana fue apoyado por una mayoría de 20 contra diez en el Senado pero no llegó, por un voto, a los dos tercios requeridos para aprobarlo.
Era difícil hallar argumentos para oponerse al texto citado, pero los diez senadores con que cuenta el Partido Nacional, responsables de que la iniciativa fracasara, se las ingeniaron para manejar algunos, aunque fueron pocos y endebles.
Habían dicho que el proyecto original violaba la autonomía de cada gobierno departamental para aprobar el estatuto de sus funcionarios, garantizada por la Constitución, pero esto no se sostenía porque en ella está también la posibilidad de que el Poder Legislativo apruebe normas “aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales”, si en cada cámara se reúne la exigente mayoría de dos tercios mencionada en el párrafo anterior.
En la sesión del martes, los nacionalistas alegaron que el proyecto era innecesario, porque los procedimientos de concurso y sorteo ya están previstos en los estatutos de cada gobierno departamental, que el Congreso de Intendentes le había hecho llegar a la comisión correspondiente del Senado. En realidad, el aporte de documentación fue un búmeran. Los procedimientos están previstos, pero Peña señaló, con base en datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), que “casi 60% de las designaciones son a dedo”, y dijo que esto “revela que el proyecto es imprescindible”.
Fue una afirmación muy contundente, y la diaria Verifica se ocupó de chequearla, para llegar a la conclusión de que Peña se quedó corto. Según el último relevamiento del Observatorio de la ONSC, 5.071 de los 7.631 ingresos a gobiernos departamentales en 2022 se produjeron por designación directa. La proporción fue 66,5%, apenas una décima de punto porcentual por debajo de los dos tercios.
La senadora Graciela Bianchi y su par Sergio Botana, nacionalistas, arguyeron que se trataba de excepciones, justificadas por la urgencia o por la pequeña dimensión de algunas localidades. Sin embargo, la mencionada relación de dos a uno indica que el procedimiento de designación directa tiene muy poco de excepcional.
16 de las 19 intendencias son gobernadas por nacionalistas, y en varias de ellas se registran los mayores abusos de la designación directa. Botana sostuvo que el proyecto de Peña era “una mojada de oreja a todo el interior de la República”, pero los requisitos de transparencia no desafían “al interior” en su conjunto, sino a quienes se han apoderado de gran parte de sus gobiernos departamentales, mediante prácticas clientelistas, durante varias generaciones.
Hasta el lunes.