En la sesión parlamentaria del martes 2 de abril, el senador del Partido Colorado y autor original del proyecto para modificar el modo de ingreso a la función pública en las intendencias, Adrián Peña, señaló que “casi el 60% de las designaciones son a dedo”. Los últimos datos disponibles producidos por el Observatorio de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) ratifican la tendencia señalada, pero son más elevados: según el último relevamiento disponible, que da cuenta de los ingresos en 2022, el 66,5% de los ingresos departamentales fueron por el mecanismo de designación directa.

Son 5.071 designaciones sobre 7.631 ingresos, en una planta que llegó a los 38.696 funcionarios en 2022. Si bien los más de 7.600 ingresos representaron una suba respecto de la cantidad de altas en años previos (entre 2.500 y 3.000 en promedio al menos en los últimos diez años), la planta permanece relativamente estable en los últimos casi 30 años. En 1995, por ejemplo, había 38.523 funcionarios.

Los informes disponibles de los últimos tres años ratifican una tendencia al alza en los modos de designación directa para la contratación: en 2020 fue de 50,2%, en 2021 de 52,5% y en 2022 de 66,5%. Son números similares a los de 2015, cuando el 64,5% de los poco más de 3.550 funcionarios que ingresaron lo había hecho por designación directa. Luego, entre 2015 y los últimos relevamientos se había producido un desaceleramiento de las designaciones directas: 28,8% en 2019, 33,8% en 2018, y 35% en 2017. Aun así, las proporciones estaban muy por encima de las de la Administración Central. Todos los informes están disponibles en la web de la ONSC.

Contexto

El proyecto, que originalmente fue presentado por Peña en junio de 2023 en la Comisión de Constitución y Legislación, constaba de seis artículos, pero en la votación se puso a consideración un único artículo. En las alocuciones de la sesión, la senadora blanca Graciela Bianchi agradeció el trabajo de Charles Carrera, a quien le atribuyó la enmienda del proyecto original y que evitara las inconstitucionalidades del original “porque regulaba cosas que no le competían”. Pese a eso, votó en contra porque consideró, al igual que el exintendente de Cerro Largo y actual senador Sergio Botana, que el proyecto regulaba cosas ya establecidas en la Constitución.

Finalmente, el proyecto fue rechazado porque su aprobación requería dos tercios de los votos de la cámara, pero en la sesión sólo consiguió las adhesiones de 20 senadores –los del Partido Colorado, el Frente Amplio y Cabildo Abierto–. Tanto Peña como el frenteamplista Eduardo Brenta señalaron en esa sesión que el apoyo de tres partidos implicaba un punto de partida y un avance hacia la concreción de la transparencia en el ingreso al empleo público en los departamentos en el futuro.

El único artículo del proyecto establecía: “Los ingresos y ascensos del personal a los Gobiernos Departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona. En su defecto, los ingresos de personal podrán realizarse a través de sorteos públicos convocados y celebrados por los Gobiernos Departamentales de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”.

Las alocuciones de Botana y Bianchi, principales oradores por parte del Partido Nacional –que votó en contra en su totalidad–, apuntaron a la necesidad de celeridad para cubrir puestos y cargos en el interior, allí donde, según adujeron, se perdería tiempo que no hay ante urgencias que atender si se produjeran concursos y vacancias. Además, Botana aseguró que los sorteos podían ser injustos y brindarle un puesto laboral a un “gurí que lo fue a inscribir la madre y el vagoneta no fue ni a buscar los resultados del concurso y se ve premiado con un empleo” por encima de “una madre sola con necesidad que sabe hacer las cosas”.