Finalmente, este jueves, el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, despejó toda incertidumbre y anunció en una rueda de prensa que su partido dará los votos para la aprobación en general del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados y provocó un hecho con poca historia reciente: la votación opositora para su aprobación había ocurrido una sola vez en los últimos 25 años.
El panorama era complejo, ya que el plazo constitucional para la aprobación del proyecto de ley en dicha cámara vencía la semana próxima, y buena parte de los partidos de oposición con representación parlamentaria anunciaron con antelación que no acompañarían el proyecto en general: tan solo una semana después de que fuera presentado al Legislativo, los legisladores de los partidos que integran la Coalición Republicana –Nacional, Colorado e Independiente– organizaron una conferencia de prensa para anunciar que no votarían el articulado en general, aduciendo su insatisfacción con la gestión del gobierno. Fuera de esta, el diputado y líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, también había declarado que su partido tampoco lo haría.
Es así que el pronunciamiento de CA, cuya bancada cuenta con la cantidad exacta de votos –dos– que le faltan al Frente Amplio (FA), fue un alivio para el partido de gobierno, que podrá constituir una mayoría simple que habilite su discusión en particular y un posterior pasaje a la Cámara de Senadores. Allí, su aprobación es un hecho, ya que el gobierno no necesita de otros partidos para alcanzar la proporción de los votos requeridos.
¿Qué tan atípico es que la oposición acompañe una Rendición de Cuentas en general?
Durante las últimas cuatro legislaturas no hubo gobiernos que no contaran con la cantidad requerida de votos, ya sea porque contaban con mayorías en el Parlamento –es el caso de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica–, o porque integraban una coalición que así lo garantizaba –durante el gobierno de Luis Lacalle Pou–. Este no es el caso para el gobierno de Orsi, que no cumple con ninguna de las condiciones y está obligado a dialogar en la cámara baja.
Esto ya le había ocurrido al FA en el pasado, luego de que el exdiputado Gonzalo Mujica abandonara el partido en 2017, algo que le quitó las mayorías en Diputados y forzó al gobierno de Vázquez a negociar con otros actores. Entonces fue el diputado colorado –hoy frenteamplista– Fernando Amado quien cedió el voto que faltaba para aprobarla en general, aunque finalmente Mujica también la acompañó. Un mes después, renunció a su banca, que retornó al partido de gobierno y le devolvió la mayoría, por lo que la situación no volvió a ocurrir.
Por otra parte, y yendo más atrás, solo hay un episodio desde la restauración democrática en el que un proyecto de ley de Rendición de Cuentas no logró ser aprobado ante la falta de votos opositores: fue hace 40 años, en 1986, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Entonces, su administración se vio impedida de alcanzar las mayorías necesarias y el proyecto naufragó en la Asamblea General el 14 de noviembre de ese año, al no conseguir los votos de las bancadas opositoras del Partido Nacional (PN) y el FA, según recogen recortes de prensa de la época. Aún así, el primer gobierno desde el retorno a la democracia encontró la solución a través de otro mecanismo: una ley sustitutiva –la Ley 15.851–, nacida de una serie de negociaciones con el PN, y que se aprobó semanas después.
¿Con qué alternativas cuenta un gobierno en ese caso?
Aunque el panorama parece despejado, hasta pocos días antes de la votación se especulaba con qué pasaría si no se votaba la Rendición de Cuentas.
Según resumió a la diaria Verifica el abogado constitucionalista José Korzeniak, la no aprobación del articulado implicaría que las modificaciones al gasto propuesto por un gobierno en la Ley de Presupuesto no contarían con autorización legislativa.
Korzeniak, que calificó la situación como “anómala, o por lo menos indeseada”, puntualizó que la única solución jurídica, por lo menos para determinadas partes de la iniciativa, radica en el artículo 86 de la Constitución. Según explicó, el artículo, que es el que dispone que las modificaciones de gasto deben aprobarse a través de las leyes de Presupuesto y Rendición de Cuentas, incluye además un inciso que “dice que toda otra ley que signifique gastos deberá indicar los recursos con que serán cubiertos”, y que tal potestad es privativa del Poder Ejecutivo.
El constitucionalista, que también ejerció como senador en el pasado, recordó que dicho mecanismo fue utilizado en determinadas ocasiones, “no tanto porque no hubiera salido la Rendición de Cuentas, sino porque surgía una necesidad nueva que no había sido prevista”. “Es cuestión de leer el artículo 86 y se ve muy claro todo esto”, sostuvo Korzeniak, que reiteró que no existe otra forma de condonar nuevas asignaciones de gastos sin autorización legal, y que solo puede darse por iniciativa del Ejecutivo.
¿Cómo logró el oficialismo el voto cabildante?
Las negociaciones entre CA y el gobierno comenzaron formalmente a principios de este mes, con una reunión entre Manini Ríos y Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva, en la que el líder político presentó al presidente de la República una serie de planteos que entendía pertinentes.
Según consignó la diaria, el acuerdo final que destrabó la situación contempla parte de dichas propuestas. Entre otras, la decisión de duplicar la proporción de las condicionalidades como parte de la asignación única para infancias y adolescencias de 20% a 40%, así como asegurar su pago a través de la Tarjeta Uruguay Social. También su disposición a estudiar una eventual reducción de la plantilla de funcionarios estatales y “profundizar en las medidas de reducción” de gastos prescindibles.
De igual manera, y según indicó Manini Ríos el jueves, desde el gobierno se comprometieron a asignar un monto anual en el orden de los 20 millones de pesos para el Instituto Nacional de Rehabilitación, así como a implementar una campaña de bien público sobre “los riesgos para la salud del consumo de cannabis”.
Asimismo, con respecto a un pedido de incrementar las partidas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en 20 millones de dólares, el líder cabildante explicó que el gobierno acordó destinar activos recuperados de cooperativas que mantenían deudas con la Agencia Nacional de Vivienda. Por último, se accedió a la eliminación de los artículos del proyecto de ley que disponen la reasignación de partidas destinadas a las Fuerzas Armadas y se acordó incorporar un aumento salarial al personal subalterno con la próxima Rendición de Cuentas.
Además, aunque por fuera del proyecto, el oficialismo también acordó un rápido tratamiento del proyecto de ley de reestructura de deudas y protección a deudores de bajos recursos que presentó el año pasado –el plazo acordado es de 180 días– y la inclusión de los entes públicos dentro de su alcance, una de las propuestas de CA.