Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La Cámara de Representantes no formará la comisión investigadora “para analizar en profundidad la gestión de la pandemia de covid-19 en Uruguay”, propuesta por la diputada Nicolle Salle, del partido Identidad Soberana (IS). De acuerdo con lo que indica el reglamento, se formó una comisión preinvestigadora con tres integrantes, y dos de ellos se pronunciaron en contra de la iniciativa, que será descartada. Es una oportunidad para reflexionar sobre el procedimiento y lo que ocurrió en esta ocasión.
La Constitución establece, en su artículo 120, que ambas cámaras pueden “nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”. Los dos artículos previos se refieren, respectivamente, a los pedidos de informes y los llamados a sala; el 121 indica que “en los casos previstos en los tres artículos anteriores, cualquiera de las cámaras podrá formular declaraciones”. Es obvio que se trata de una pequeña sección dedicada a las actividades parlamentarias de contralor, que no apuntan necesariamente al planteamiento de acusaciones.
Sin embargo, la reglamentación de las comisiones investigadoras y la práctica histórica les han dado características judiciales, lejos de la búsqueda de “datos con fines legislativos” o para comprender mejor decisiones políticas. El reglamento habla de “denunciantes” para referirse a quienes proponen la formación de estas comisiones, y de “imputados” con derechos a “producir sus descargos” y a ser “asistidos por letrados”. En los hechos, las investigadoras son amplificadores de acusaciones y defensas en un marco muy politizado, con cobertura periodística y declaraciones de sus integrantes y de las personas citadas después de cada sesión, alegatos cuando trasladan sus conclusiones al plenario de la cámara que las formó y envíos de informes al sistema judicial o directamente presentación de denuncias penales.
Todo esto sucede a menudo mientras hay un proceso judicial en curso por los mismos hechos, y muy rara vez el trabajo de las investigadoras les aporta alguna novedad importante a fiscales y jueces.
La gestión de la emergencia sanitaria tuvo muchos aspectos sobre los que sería positivo que el Parlamento recabara y difundiera más información que la actualmente disponible, pero en su contexto reglamentario y con los procedimientos habituales, la cuestión pasa a ser si se instala o no un escenario para presentar y discutir acusaciones.
Los partidos que apoyaron el gobierno de Luis Lacalle Pou se alinean para evitar que su actuación sea cuestionada, y seguramente no quieren darle a IS la oportunidad de agitar desde el Parlamento las interpretaciones conspiranoicas que ha reiterado el actual diputado Gustavo Salle. El Frente Amplio tiene, como es sabido, importantes discrepancias con la gestión gubernamental de la pandemia, pero parece muy probable que tampoco quiera propiciar un espectáculo de Salle, y que asuma como un dato de la realidad que la amplia aprobación social de aquella gestión implicaría costos políticos si replantea sus cuestionamientos.
Así se pierde una oportunidad para despejar dudas y enfrentar las acusaciones con evidencias y argumentos. Es una pena.
Hasta el lunes.