Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Uno de los cambios acordados en el Diálogo Social para la reforma de la seguridad social que trascendió es la desvinculación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) del manejo de las cuentas personales de ahorro individual, que implicaría que estas empresas no estén “en contacto directo con los clientes”, sino que se dediquen a administrar los recursos bajo la coordinación del Estado, según supo la diaria. Este anuncio generó la reacción de varios actores de la oposición que criticaron la propuesta y recordaron el pronunciamiento en el plebiscito de 2024. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, aclaró que “el pilar de ahorro individual obligatorio va a permanecer” y que “no es cierto es que se vaya a un camino de eliminar las AFAP”, y dijo que “puede haber cambios en la forma de operación” de estas empresas porque, “como en cualquier otro mercado, se mejora la eficacia y la eficiencia”.
Otra polémica. El intendente de Durazno, Felipe Algorta, inhabilitó el lugar donde estaba prevista la obra de la planta de energía solar de UTE en Baygorria, y la ministra de Industria, Energía y Minería comunicó la decisión del gobierno de trasladarla al departamento de Río Negro, lo que desató la polémica.
En nuestro suplemento Economía, en una columna publicada en Razones y Personas, Estefanía Galván relativiza los efectos que puede llegar a tener la aprobación del proyecto de ley “Reporte, sistematización y transparencia de los datos sobre brecha salarial de género”, que ya tiene media sanción y fue votado favorablemente en comisión en la cámara baja. La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio (FA) en la legislatura pasada, “declara de interés la medición de las diferencias salariales entre hombres y mujeres”, que serán dadas a conocer públicamente. Sin embargo, el texto sufrió modificaciones en su trayectoria parlamentaria que afectan su impacto, según Galván. Si bien en un principio se obligaba a las empresas a reportar la información de las brechas salariales de género, como lo hacen leyes similares de otros países, esa exigencia se cayó y el nuevo texto establece que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) debe construir estadísticas agregadas de la brecha salarial de género a partir de los datos de las planillas de trabajo del Banco de Previsión Social. Para la autora, ya existe evidencia sobre desigualdades de género en el mercado laboral basada en esa misma información, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó un informe sobre la evolución de las brechas salariales a partir de estas mismas bases de datos, por lo que la pregunta es por qué pasarle a Inmujeres una tarea que ya hace el INE. Por otro lado, Galván señala que la legislación que ha tenido éxito en otros países, en los que logró aportar a reducir las brechas, es la que obligó a las empresas a transparentar sus políticas salariales, a permitir “comparabilidad entre firmas y el consecuente naming and shaming que incentiva cambios de comportamiento”.
También en el suplemento Economía, varios especialistas consultados por Lucía Barrios consideran “pertinente” discutir “sin tabúes” sobre impuestos y las posibilidades de modificar alguno, pero de una manera “sana, seria, con fundamentos” y con “cautela”. La cuestión surgió luego de que un informe de la Unidad Temática de Economía del FA, en un contexto de bajo crecimiento, planteara la necesidad de mejorar la recaudación con cambios en el régimen tributario.
Hasta mañana.