Este miércoles, el PIT-CNT y la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) lanzaron la campaña “Más tiempo, más vida” para la reducción del horario de trabajo.
A la luz de que el gobierno definiera avanzar al respecto a través del Consejo Superior Tripartito, el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Hugo Barretto, dijo a Panorama informativo que el camino propuesto “no es renunciar a la posibilidad de un proyecto de ley”, que “aparecerá en algún momento”, pero se optó por “recorrer de manera inicial un proceso de diálogo social lo más amplio posible”.
La idea es que el reservorio de información ayude a “la discusión en torno a cómo realizar los arreglos”: “Si será una ley de tipo general –como la ley de 1915, que estableció esos límites de 8 y 48 horas–, o si será una ley que se recueste más en la negociación colectiva y las realidades sectoriales de tal modo que podamos tener un tránsito hacia la reducción de la jornada pero a diferentes velocidades”.
Al margen de las cámaras empresariales y los sindicatos, Barretto reparó en la participación del sector académico. Dijo que convocaron universidades públicas y privadas “no para que hagan la discusión política”, sino con el objetivo de que brinden “los estudios que tengan y las investigaciones que puedan desarrollar en materia de reducción del tiempo de trabajo”. También colabora la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Universidad de la República realizó un relevamiento sobre lo que ha ocurrido “a nivel de la negociación colectiva en Consejos de Salarios o en convenios colectivos por empresas”, y demostró que, en lo que respecta a la reducción y la reorganización del tiempo de trabajo, “ya está ocurriendo” a través del “teletrabajo o el trabajo híbrido”.
En ese sentido, los actores sociales “han ido por delante en el tema” y “la iniciativa del poder político es tratar de darle una dimensión mayor” a un proceso “desatado bajo la iniciativa del sector privado”. Consultado respecto a si el tema se puede zanjar durante este período en algunos sectores a través de la negociación colectiva, expresó que tiene “esperanza” y trabaja “a favor”, pero “en este mundo cuesta decir qué cosa puede ser una certeza”.
“Inevitablemente hay que ir hacia una mayor protección de los trabajadores que se desempeñan en régimen de autonomía”
La tasa de desempleo en mayo se ubicó en 7,6%. En ese sentido, más allá de que “tradicionalmente se focaliza” en las personas sin trabajo, dijo que existen “otros malestares” que también mide el Instituto Nacional de Estadística, como “la precariedad laboral, la informalidad y el subempleo”.
“El segundo componente del trabajo precario al que quiero referir es el trabajo precario que no se visualiza como tal”, agregó. Ejemplificó con las plataformas para el reparto de mercancías o el transporte de pasajeros, en la medida en que “no comprende una protección integral como la protección que el ordenamiento jurídico destina a aquellas personas que trabajan en un régimen de desigualdad”. Además, hay una dificultad de “medición del fenómeno”. “Si se tratara de una relación laboral común y corriente donde al trabajador no se le cumplieran o reconocieran todos los derechos, estaríamos en el campo de la precarización o la informalidad. Sin embargo, en el caso de las plataformas, hay una relación igualmente desigual, pero el trabajador o trabajadora es vista como trabajador autónomo”, apuntó. En definitiva, aseveró que “no puede concebirse que un joven que maneja una motocicleta celebra un contrato en condiciones de igualdad con una empresa de porte multinacional”, sino que existe “una desigualdad en la base de ese tipo de contratación”.
“Inevitablemente, hay que ir hacia una mayor protección de los trabajadores que se desempeñan en régimen de autonomía”, sostuvo. Con base en la experiencia durante la pandemia, dijo que existen “razones muy poderosas” que indican que “debemos ir cada vez más progresivamente hacia una regulación y protección de los trabajadores autónomos”, tanto en lo personal como en su representación colectiva.
La “lista corta” de la OIT
A principios de junio, Uruguay fue incluido en la “lista corta” de la OIT como uno de los 24 países que incumplieron acuerdos internacionales.
Barretto dijo que “quienes deciden incluir a Uruguay son los empresarios” y, en ese momento, desde la cartera juzgaron que “no era conveniente” ya que “podía efectivamente dañar la imagen de Uruguay” en un momento en el que el país está “haciendo un gran esfuerzo” para atraer inversiones.
“El problema que ellos plantean como motivante del ingreso de Uruguay a esa lista corta es un problema menor”, sostuvo. Agregó que, aunque el perjuicio no es “una cuestión automática”, reiteró que “no es conveniente, no va en la línea de mejorar las condiciones de competitividad” y deberán “tomar acciones para ver de qué manera podemos superar consensuadamente esta dificultad”.
