La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu) hizo público un documento elaborado “como insumo para el proceso político-electoral que se desarrolla en 2019” y para “el futuro del sistema de ciencia, tecnología e innovación nacional”. El documento afirma: “En estos tiempos de renovación de la dirigencia política del país, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay llama a todos los actores políticos, sociales, académicos y a toda la población en general, a incorporar el tema de la ciencia y la tecnología al debate ciudadano y a las propuestas programáticas de todos los partidos”, y brinda lineamientos para una política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Cabe destacar que en la campaña electoral de 2014, la Anciu firmó en agosto con todos los candidatos a la presidencia (en ese entonces Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres y Tabaré Vázquez) un “Acuerdo Nacional de Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología” en el que, entre otras cosas, se comprometieron a otorgar “un incremento gradual del presupuesto anual de ciencia y tecnología en el quinquenio, por ejemplo de 0,1% del Producto Interno Bruto [PIB], hasta alcanzar 1% al final del próximo período de gobierno”. Pese a firmar el acuerdo, el gobierno de Tabaré Vázquez no ha logrado alcanzar la cifra comprometida, y según la Anciu, hoy la inversión en ciencia y tecnología no supera el 0,4% del PIB. En este contexto, el documento puede considerarse una prolongación natural de lo planteado en aquel entonces.
La ciencia es importante
El documento, de 11 páginas, está dividido en diez puntos, el primero de los cuales está dedicado a “la importancia de la ciencia para la sociedad uruguaya”. Allí se establece que “el avance científico, tecnológico y más en general, la creación de nuevos conocimientos, constituyen el factor de cambio más significativo en la historia de la humanidad”. Este progreso, que nos permite vivir mejor que nuestros antepasados, “está impulsado por una red global de científicos, tecnólogos e investigadores de todas las áreas del conocimiento, en la que participan en forma desigual las diferentes naciones”. La Anciu reconoce que “un país pequeño y de desarrollo intermedio como el Uruguay no va a ocupar el rol preponderante en esta enorme red”, pero señala que “la alternativa de delegar a los países centrales la generación de conocimiento científico implica una renuncia con múltiples consecuencias”, entre las que destacan la de “llegar siempre tarde, con hechos consumados, a los principales cambios que inevitablemente nos van a sobrevenir”.
Luego de repasar algunos ejemplos de estos cambios, como el aumento de las expectativa de vida, el mundo del trabajo, las presiones sobre los recursos naturales, e incluso la era de la desinformación, argumentan que si bien “ningún país, incluso los más poderosos, puede aspirar a controlar todas estas transformaciones”, “quienes buscan asegurar su lugar en el futuro participan activamente de esa red científico-tecnológica global”. En ese sentido destacan que “la existencia de un sistema científico-tecnológico potente y sus correspondientes investigadores en todas las áreas del conocimiento provee al país de herramientas esenciales para abordar temas productivos, de salud, culturales, sociales y ambientales, muchos de ellos acuciantes y emergentes”.
Un lugar en el Estado
Ya entrando en los lineamientos propuestos a quienes deban asumir las riendas del país tras el acto electoral, la Anciu afirma que “es necesario organizar a la ciencia en torno a una institución con capacidad de identificar las necesidades nacionales en materia de CTI y de diseñar, financiar y ejecutar políticas científicas para abordarlas”. Si bien la Academia considera que la Secretaría de Ciencia y Tecnología, creada durante el presente gobierno en la órbita de presidencia, “es un avance en esa dirección”, las atribuciones arriba mencionadas requieren, según los académicos, “un organismo con rango ministerial”.
En ese sentido reconocen que “la experiencia en curso de articulación de un conjunto de temas de interés nacional entre las Secretarías de Ciencia y Tecnología y la de Transformación Productiva y Competitividad constituye un camino potencialmente fértil y sinérgico para la promoción de actividades de ciencia y tecnología en diversos ámbitos de la actividad nacional y la promoción de innovación”, pero señalan que “el espacio institucional y rol de la ciencia en el funcionamiento del Estado debe refrendarse en la práctica cotidiana a la hora del análisis y toma de decisiones ejercida desde la Presidencia de la República, Ministerios, Entes Autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Intendencias y todos los estamentos públicos”. Para ello, señalan, “el país debe avanzar hacia una cultura del ejercicio de la función pública que incorpore como praxis habitual el aprovechamiento de las capacidades científicas y los organismos de asesoramiento al respecto”.
Diseño inteligente y financiamiento
El documento aborda luego cómo debería diseñarse e instrumentarse la definición y la ejecución de las políticas científicas, señalando que “la definición de políticas científicas es responsabilidad del sistema político a través de sus partidos y de las instituciones democráticas”. Dicho esto, señalan que es “imprescindible que los órganos de decisión política como el Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Parlamento tengan un adecuado asesoramiento académico”. Dan cuenta de los tres organismos que por ley deben cumplir ese rol, la Universidad de la República, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología [CONICYT] y la Academia Nacional de Ciencias, y consideran oportuno “reiterar una vez más el imperativo de consolidar el funcionamiento y las potestades reales de un organismo como el CONICYT, así como garantizar que, en cumplimiento de la normativa vigente, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación [ANII] cumpla con el rol de ejecución de las políticas, sin incidir en forma directa o indirecta en la definición de las mismas”.
En el documento se sostiene que la CTI requiere una política de Estado que “se debe reflejar en definiciones institucionales que trasciendan los períodos de gobierno” y señalan que “la escasa inversión que el país ha destinado a ciencia y tecnología” es una evidencia de la ausencia de tales políticas sostenidas. Tras relatar que pese al acuerdo asumido por los candidatos de las elecciones pasadas “lamentablemente, el monto efectivamente destinado a la CTI no superó en ningún momento de este período 2015-2019 el 0,4% del PIB”, señalan que “Uruguay se encuentra entre los niveles más bajos de financiación de la ciencia a nivel continental”.
En ese sentido, afirman que “el Sistema de CTI tiene un conjunto de urgencias que se han acentuado en el pasado quinquenio, con graves consecuencias de diversa índole”. Apuntan a que hay “situaciones que exigen atención inmediata, para lo cual resulta imprescindible retomar y efectivamente cumplir con el objetivo de llevar lo aportado a la ciencia al 1% del PIB al final del próximo período de gobierno”. Tras señalar cómo algunos fondos para investigación han visto reducidos los montos que otorgan debido a restricciones presupuestales, afirman que “sin financiamiento la actividad científica de calidad resulta imposible, aún con recursos humanos calificados”. Señalan también que “algunos ejemplos de sectores estratégicos que requieren de una mucha mayor intensidad de financiación son la salud humana, salud animal, medio ambiente, oceanografía física y biológica, tecnologías de la información y comunicación”.
Expresan también que “se vuelve imperativo para el próximo período contar con datos de la máxima fiabilidad y transparencia en cuanto al volumen de recursos existentes para el desarrollo de actividades relacionadas a ciencia y tecnología de los diferentes organismos estatales y paraestatales y confirmar la efectiva y eficiente utilización de los mismos para actividades declaradas de ciencia y tecnología”. En ese sentido, consideran que esa información “es esencial como ‘línea de base’ sobre la cual construir los futuros incrementos presupuestales y requerirá de un refinamiento de los datos actualmente existentes”.
Formar e incentivar
“La creación de una base científica sólida requiere de políticas que fortalezcan la educación en ciencias en todos los niveles educativos”, afirma el documento, al tiempo que asevera que “nuestro grado de desarrollo científico es aún desparejo y en muchas disciplinas se presentan carencias en orientaciones de vital importancia”, por lo que consideran “imprescindible que el país destine más recursos a las formaciones científicas universitarias asegurando coberturas temáticas y calidad académica”. Reconocen que “si bien ha habido un apoyo relevante y sostenido a becas de posgrado, tanto por la ANII como por la Universidad de la República, aún hay una demanda insatisfecha amplia, que es indispensable atender”.
Desde el punto de vista de los incentivos, señalan que Uruguay cuenta “con un importante capital de investigadores con excelente formación y experiencia que actúan en otros países”, por lo que debe proponerse “incentivar al máximo el retorno de estos investigadores creando condiciones atractivas para el trabajo en Uruguay, así como para la reinserción social de estos investigadores y sus familias”. También destacan que “la actividad de investigación debe ser una actividad de dedicación integral a la que el investigador pueda abocarse con toda su capacidad, concentración, esfuerzo y continuidad”, y afirman que si bien “el Sistema Nacional de Investigadores [SNI] ha probado ser un instrumento eficaz para incentivar la actividad científica profesional”, sus incentivos “resultan muy reducidos y deben sin duda mejorar”. Ilustran el caso con datos contundentes: “a abril de 2019, esos incentivos son, en valores reales, un 55 % de lo que eran hace 10 años, cuando fue nombrado el primer conjunto de investigadores del SNI”. Proponen también que entre “las baterías de medidas para retener científicos jóvenes” debería estudiarse “la creación de una carrera de joven investigador dentro del SNI” y “la creación de la carrera de investigador, de la cual existe un ejemplo exitoso en Argentina”. También señalan que, dado que “una importante fracción de la investigación científica y tecnológica se desarrolla en la Udelar” y que en ese ámbito el programa de Dedicación Total “ha sido un instrumento eficiente para lograr la dedicación integral a la investigación de los docentes más calificados” y que “la demanda actual de cargos universitarios de dedicación total está ampliamente insatisfecha”, sería “importante que el presupuesto universitario se vea reforzado en lo que refiere a la instrumentación de este programa”.
Insertados, cooperando y comunicando
Luego de hablar de la innovación y de propuestas de centros de investigación, el documento hace hincapié en el hecho de que “el desarrollo de actividad científico-tecnológica del más alto nivel en las sociedades modernas depende en buena parte de su inserción en redes internacionales”, por lo que proponen “reforzar los lazos de cooperación regionales, con países como Argentina, Brasil y Chile, dado la existencia de infraestructuras y programas de investigación que en muchos casos son únicos en la región”.
Para finalizar, los lineamientos de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay señalan que “en un mundo de creciente complejidad en el que las transformaciones ocurren a un ritmo vertiginoso, es esencial el abordaje racional de los problemas”. Para ello señalan que el abordaje científico, “un método muy eficaz para enfrentar problemas y orientar decisiones”, no debería ser “privilegio exclusivo de los científicos profesionales”. Por tanto, señalan que “es muy importante apoyar programas que den visibilidad a las actividades científicas que se desarrollan en el país, tanto para informar a la sociedad en general como para conectar a la comunidad científica con el sector productivo”. Entre las ideas para lograrlo, proponen “profundizar las actividades de divulgación pública en diversas formas, interaccionar con el periodismo en forma continua y apoyar y potenciar actividades como los Clubes de Ciencia, la Semana de la Ciencia y la Tecnología”, y sugieren que es “muy relevante retomar y reimpulsar la idea de la creación de un Museo de Ciencias interactivo, con el espíritu que tuvo en su momento la iniciativa del ‘Museo del Tiempo’”.
Para extender el abordaje científico a todos los niveles, argumentan que son necesarias “políticas que fortalezcan la educación en ciencias ya desde la enseñanza primaria”, por lo que proponen “ mejorar la formación en ciencias de los maestros con cursos curriculares, extracurriculares o de profundización, en procura de brindarles herramientas para entender los fundamentos de la ciencia moderna, así como algunas leyes básicas generales que gobiernan el mundo físico y biológico”. También destacan la necesidad de “apoyar fuertemente programas de entrenamiento y profundización de docentes de enseñanza secundaria en relación a las ciencias y en contacto con los centros de educación terciaria e investigación”.
“La ciencia es parte de la cultura de una nación. Debemos apoyar la educación científica básica que llevará a la formación de mejores ciudadanos, críticos y reflexivos. Sin duda ello alentará el desarrollo de personas talentosas y comprometidas con su país y su tiempo, en las más diversas áreas del conocimiento y del quehacer nacional” concluye el texto.
El documento, de 10 puntos, puede leerse a continuación: