El Comité Gerencial Ampliado del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) envió ayer una carta abierta al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y a las comisiones de presupuesto de ambas cámaras del Parlamento. En ese texto pide que, de ser modificada la ley de creación del INIA –como está previsto en el Presupuesto Nacional 2020-2024–, el cambio sea precedido por “una consulta amplia” y “un debate profundo”.
“En la actual redacción del proyecto presupuestal se modifica dicha Ley, generando incertidumbres en la asignación presupuestal y en el funcionamiento del Instituto [...] El INIA se encuentra hoy en una situación económica delicada, con un marcado déficit operativo”, dice la misiva.
La Ley 16.065, del 6 de octubre de 1989, que creó el INIA, establece que el aporte del Poder Ejecutivo a su presupuesto debe ser al menos equivalente a 0,4% de la recaudación del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). Pero el artículo 568 del Presupuesto sustituye ese artículo de la ley de 1989 por el siguiente: “B) El aporte que el Poder Ejecutivo asignará anualmente será como máximo equivalente al establecido por el literal A) de este artículo”.
Miguel Sierra, gerente de Innovación y Comunicación del INIA y uno de los firmantes de la carta, explicó a la diaria que lo que antes era el mínimo ahora se transforma en el máximo de lo que el Ejecutivo podrá aportar. “Antes había una contrapartida del Poder Ejecutivo de al menos el equivalente a 0,4% del Imeba, lo que aportan los privados, y ahora eso es el máximo”, dijo Sierra, y agregó que además del contenido no están de acuerdo con la forma. “Nos parece que ameritaría discutirlo de otra manera, cambiar la ley no está bueno, y menos hacerlo en un articulado de una ley de presupuesto. Es una fórmula que no nos convenció para nada y es lo que se está reclamando”, comentó.
Además, en la carta abierta los integrantes del INIA aseguran que “los antecedentes disponibles indican un retorno de la inversión en ciencia y tecnología en el sector agropecuario del orden de 16 a uno”. Sierra especificó que se trata de una evaluación de impacto del INIA realizada entre 2010 y 2011 por el Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola, que concluyó que por cada dólar invertido se recuperaran 16. “Ellos hicieron la cuenta a nivel de productividad en distintos sectores”, especificó Sierra.
En la carta los integrantes del comité afirman que de aprobarse el Presupuesto afectaría “de manera fundamental” la capacidad del instituto de “contribuir a la generación del conocimiento y las tecnologías necesarios para que el país afronte las problemáticas de competitividad y agroambientales que plantea la hora. Se afectaría también el rol del INIA como promotor y vertebrador de diversas redes, alianzas y consorcios con actores públicos y privados”.
Entre los organismos que resultarían afectados aparecen los campus con la Universidad de la República (espacios compartidos en Treinta y Tres y Tacuarembó), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Secretariado Uruguayo de la Lana, el Plan Agropecuario, el Instituto Nacional de Semillas (Inase), entre otras instituciones.
Sobre esto el especialista dijo que el INIA “destina 10% de su presupuesto a los Fondos de Promoción de Tecnología Agropecuaria, que fomentan actividades con terceros actores”, por lo que el cambio en el Presupuesto también afectaría las alianzas y las colaboraciones.
Además, aseguran que el INIA “se ha hecho cargo de actividades relevantes para la competitividad del sector agropecuario que no son su responsabilidad directa (por ejemplo, evaluación de cultivares con Inase, del plan de saneamiento citrícola y del mantenimiento del banco de cepas de rizobios, plataformas de salud animal, entre otras). La restricción presupuestaria que surge del proyecto de ley presentado comprometería la continuidad de estas actividades”, y ante las dificultades que atraviesa el país por la crisis generada por el coronavirus los firmantes señalan que su compromiso es “seguir mejorando la eficiencia en el uso de los recursos”.
“El INIA se hizo responsable de muchos servicios de los cuales en otros países los institutos de investigación no se hacen cargo, que son servicios de apoyo a la competitividad y a las políticas públicas”, dijo el especialista sobre este punto.
Sierra comentó que la carta está firmada por el equipo técnico que, si bien no hace valoraciones políticas, comparte las gestiones y la preocupación de la presidencia del INIA y de la Junta Directiva, que son los encargados de negociar y hablar con los poderes Ejecutivo y Legislativo. La idea de todos los integrantes del INIA es que se aplique la ley de creación del INIA “en todos sus términos”, afirmó.
Preocupación desde Treinta y Tres
A la carta abierta difundida ayer se suma la resolución del Consejo Asesor Regional del INIA 33 (del departamento de Treinta y Tres), que el jueves manifestó su preocupación por la modificación en el Presupuesto de la Ley 16.065. Sus integrantes entienden que el cambio permite al Poder Ejecutivo “utilizar un criterio discrecional para el financiamiento del INIA”.
Además, reclaman que se incluya “en el presupuesto del próximo quinquenio una partida por lo menos equivalente a la recaudación del adicional de Imeba de 0,4%, tal cual establece el artículo 16, inciso B de la Ley 16.065”.
Desde Treinta y Tres piden un acuerdo entre el INIA y el Ejecutivo “para el reconocimiento de la deuda generada por el desfasaje de los aportes no realizados de la contrapartida correspondiente, que según estimaciones asciende a una cifra de más de 35 millones de dólares”.