En el marco de las investigaciones por el operativo Fraude Universitario, el jueves 19 la justicia condenó a una psicóloga por certificación falsa de funcionario público o privado tras haber expedido certificados de habilitación para portar armas sin haber realizado los diagnósticos psicológicos correspondientes.
La psicóloga, radicada en Montevideo, prestaba funciones para una agencia de seguridad coloniense que expidió la habilitación para portar armas a un funcionario de los locales de red de cobranza pertenecientes a la expareja del principal imputado en ese procedimiento, un pastor evangélico radicado en Juan Lacaze.
De ese modo, esta profesional se transforma en la octava persona procesada en este operativo. La fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, explicó que la orden de detención de esta profesional fue liberada hace varios días, pero “que no se había podido someter al proceso a esa persona porque había llegado de un viaje del exterior y estaba cursando la cuarentena”.
La psicóloga detenida fue “sometida a la justicia, porque tuvo que ver con la confección de certificado de aptitud psicológica sin efectuar la correspondiente pericia, que resulta imprescindible para los cursos que deben realizar personas civiles que deben portar armar en locales donde se manejan fuertes sumas de dinero”.
Por este caso ya fueron procesados un funcionario policial que se desempeñaba como instructor de una agencia de seguridad y la propietaria de la misma. Fleitas dijo que se comprobó que la psicóloga había realizado esa maniobra en dos oportunidades.
La psicóloga fue condenada por dos delitos de certificación de documento por funcionario público o particular, con una pena de seis meses. “Dado que la persona carece de antecedentes judiciales y teniendo en cuenta el monto de la pena se celebró un proceso abreviado que sustituyó la pena por libertad a prueba”, se dice en la resolución. La mujer deberá “presentarse en la seccional policial, deberá realizar trabajo comunitario, y en caso de no ser cumplido esos requisitos, podrá ser revocada esa pena y cumplirla efectivamente”.
Las actuaciones por este operativo podrán continuar en las próximas semanas. En efecto, Fleitas dijo que que liberó una orden de detención internacional a una persona vinculada al principal imputado y que analiza la participación de profesionales en distintas transacciones realizadas por este sujeto por montos elevados “sin hacer las correspondientes averiguaciones” sobre el origen del dinero utilizado en las adquisiciones.
Esos profesionales tampoco habrían cumplido con la obligación de denunciar al Banco Central algunas “operaciones sospechosas, por montos elevados” efectuadas por los partícipes en esta maniobra delictiva.
La fiscal anunció que en los próximos meses, en el departamento de Colonia, se realizarán los remates de los cuantiosos bienes muebles e inmuebles incautados al pastor evangélico actualmente en prisión.