Patrocinado por el abogado Oscar López Goldaracena, un grupo de familiares y curadores de usuarios del hogar Sarandí, de Colonia Valdense, denunciaron en junio ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública (MSP) por “violación de derechos humanos” en la implementación del plan de vacunación contra la covid-19 en ese centro especializado en la atención para personas con discapacidades severas. Días después, la Iglesia Evangélica Valdense, dueña del hogar Sarandí, presentó una denuncia de contenido similar.
En abril se registró un brote de covid-19 en el hogar Sarandí, que provocó la muerte de cinco usuarios y una funcionaria. La vacunación en el hogar Sarandí tuvo varias idas y vueltas. En efecto, en primera instancia la Dirección Departamental de Salud de Colonia había dispuesto que tanto los usuarios como los funcionarios fueran vacunados en paralelo a la inoculación realizada en los hogares de larga estadía.
Luego, sin embargo, autoridades sanitarias dispusieron que la vacunación en el hogar Sarandí recién se iniciara a mediados de abril, en paralelo a la realizada a los usuarios de centros de atención de salud mental. Precisamente, en la demora del inicio de la vacunación a usuarios y funcionarios del hogar Sarandí y en sus trágicas consecuencias están centradas ambas denuncias.
Versiones y respuestas
El mes pasado la INDDHH citó a López Goldaracena para conocer el contenido de la respuesta ofrecida por el MSP a ese planteo, la cual resulta “alarmante”, según aseguró el abogado denunciante en el escrito de evacuación de la vista del expediente presentado esta semana. En ese documento, al cual tuvo acceso la diaria, López Goldaracena señala que la respuesta ofrecida por el MSP “despeja toda duda sobre su política sanitaria en relación con las personas con discapacidad: no las consideró prioritarias en el plan de vacunación contra el covid-19”, lo que “vuelve más imperiosa y urgente la intervención de la INDDHH y el adoptar resolución sobre nuestra denuncia”.
De acuerdo al abogado, el MSP “no respondió de manera concreta la pregunta formulada por la INDDHH” sobre si la Dirección Departamental de Salud de Colonia “había informado” en enero al hogar Sarandí “que debía cumplir con todos los requisitos para ser incluido juntamente con otros elepem [establecimientos de larga estadía para personas mayores]”.
Además, al ser consultado sobre “si hubo un cambio de criterio” para la vacunación en el hogar Sarandí, el MSP respondió que “no hubo cambio de criterio”, estableció el abogado. En su opinión, el MSP “lo que dice es que nunca consideró dar prioridad a las personas internadas en el hogar Sarandí. Sostiene que no se trataba de un elepem y que la Dirección Departamental de Salud de Colonia habría actuado desconociendo a sus jerarquías”.
López Goldaracena afirmó que la respuesta del MSP “se da de bruces contra la realidad de lo ocurrido, al pretender desconocer y/o desentenderse de las comunicaciones que existieron entre la Dirección Departamental de Salud de Colonia, organismo dependiente del propio MSP, y las autoridades del hogar Sarandí”.
El abogado recordó que en primera instancia estaba previsto que los usuarios y funcionarios del hogar Sarandí fueran vacunados en marzo y que “luego, sin embargo, se les dejó de lado y postergó la instancia de vacunación con el fatal resultado denunciado”. “Muy especialmente se tendrá presente que las primeras víctimas fueron, además de personas discapacitadas, personas de edad avanzada y con comorbilidades conocidas y registradas en su historial”, agregó.
El abogado denunciante afirmó que “la respuesta del MSP para la instrucción de autos es, en definitiva, su 'confesión de parte' en el sentido de que nunca le otorgó prioridad a la vacunación de las personas que integran el universo de la población con discapacidad, ni siquiera a los internados de edad avanzada y con comorbilidades”.
Asimismo, el abogado estableció que, a diferencia de lo que aconteció con las personas mayores de 70 años, los usuarios del hogar Sarandí que contaban con esa edad “fueron vacunadas junto al resto de los internos, con una vacuna que no está habilitada para ese tramo de edad por la propia autoridad sanitaria”. “El MSP en definitiva admite una conducta que, calificada jurídicamente, desconoce y viola las normas y principios fundamentales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad”, sostuvo el abogado. Y agregó que, mientras esa situación transcurría en el hogar Sarandí, los usuarios del cotolengo Don Orione fueron vacunados en paralelo a los elepem.
“La autoridad sanitaria utilizó un criterio para unos y otro criterio para otros. Se discriminó. Incluso se suministró un tipo de vacunas para unos y otro tipo para otros”, observó.
En el caso del hogar Sarandí, “el mismo Estado había aceptado dar prioridad (como correspondía)”, pero “incumplió”. “Decir ahora que nunca hubo un cambio de criterio (y que en realidad nunca se le priorizó), es desconocer lo actuado por organismos del propio MSP”.
En suma, la respuesta ofrecidas por el MSP “no logra conmover los fundamentos de nuestra denuncia, que mantiene absoluta vigencia”, por lo cual “queda evidenciada la necesidad de un pronunciamiento urgente de la INDDHH respeto de los hechos denunciados considerando que son inminentes nuevos planes de vacunación y que deben preservarse, de manera real y efectiva, los derechos de las personas con discapacidad, que la respuesta del MSP no garantiza”, concluyó López Goldaracena.
A la espera
Consultados por la diaria sobre la respuesta dada por el MSP a las denuncias presentadas por los familiares de usuarios del hogar Sarandí y la Iglesia Evangélica Valdense, los referentes de esa congregación religiosa dijeron que opinarán al respecto una vez que concluya la tramitación de la denuncia. “Todavía estamos en las instancias intermedias del expediente”, señalaron.