El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario, cuestionó la iniciativa que promueve modificar la normativa departamental sobre forestación en Colonia y sostuvo que las disposiciones nacionales y departamentales no son contradictorias, como argumentó la edila suplente Agustina Durquet del Partido Nacional (PN), una de las impulsoras del proyecto en la junta coloniense.
En diálogo con la diaria, Nario consideró que el proceso de modificación se está llevando adelante de manera “apresurada” en la junta coloniense y afirmó que la discusión “debería comenzar por definir qué modelo productivo se pretende para el departamento”. Para el funcionario, la regulación vigente responde a una decisión estratégica de la sociedad coloniense, orientada a proteger una estructura productiva en la que la lechería, la agricultura de pequeña escala y la producción familiar tienen un peso histórico.
El jerarca, que está radicado en Colonia Valdense, sostuvo que la normativa nacional establece criterios para evaluar los proyectos forestales, pero eso no impide que los gobiernos departamentales adopten disposiciones propias para ordenar las actividades en sus territorios. “No hay ninguna contradicción”, afirmó, y explicó que se trata de “niveles diferentes de la lupa”: mientras el gobierno nacional establece criterios generales para todo el país, los departamentos pueden definir qué actividades desean promover o proteger en determinadas zonas.
Como ejemplo, mencionó que un departamento podría establecer disposiciones específicas para proteger una fuente de agua o preservar territorios con determinada vocación productiva, aunque existan normas nacionales sobre esos mismos asuntos. Por eso, rechazó que la modificación de las directrices de Colonia deba justificarse como una forma de resolver una supuesta incompatibilidad normativa.
La posición de Nario se contrapone con uno de los principales argumentos de Durquet, quien había defendido la iniciativa al señalar que busca armonizar las disposiciones departamentales con los criterios nacionales y evitar que los ciudadanos deban cumplir normas contradictorias. La edila también había cuestionado la utilización del índice Coneat como criterio para regular la forestación y destacado la clasificación de suelos basada en el sistema USDA.
Impactos sobre la producción familiar y lechera
Para Nario, el centro de la discusión no debería estar en la eventual diferencia entre instrumentos técnicos, sino en las consecuencias que una modificación de estas características puede tener sobre el sistema productivo de Colonia.
El director de Dinacea señaló que la producción forestal puede integrarse con otras actividades, pero consideró que cualquier cambio en las reglas que ordenan esa convivencia debe analizarse con los sectores involucrados. “No podés sacar una norma sin un proceso de trabajo y consulta con el sector productivo de Colonia y quienes habitan ese territorio”, expresó.
Además, advirtió sobre los posibles efectos que una expansión de la actividad forestal podría tener en el mercado de arrendamientos rurales y, a través de ese mecanismo, en la actividad lechera. Nario recordó que más de la mitad de los tambos arriendan los campos en los que desarrollan su producción, una situación que condiciona sus posibilidades de realizar inversiones de largo plazo.
En ese contexto, advirtió que una eventual competencia por el acceso a la tierra o un encarecimiento de los arrendamientos podría afectar a los establecimientos lecheros. También señaló que el impacto no se limitaría a los productores primarios, porque la actividad sostiene una trama económica que incluye pequeñas fábricas de queso artesanal y plantas industriales instaladas en el departamento.
“Si además de eso integro otra producción que me desplace el arrendamiento, o que me lo encarezca, voy a estar afectando la producción”, sostuvo. Por ese motivo, consideró necesario analizar el funcionamiento del conjunto del sistema productivo antes de modificar las disposiciones que regulan la forestación.
Sin embargo, Nario no planteó que la actividad forestal deba quedar excluida de Colonia. Por el contrario, afirmó que puede integrarse a otras producciones, pero insistió en que es necesario evaluar cuáles son las mejores herramientas para que esa convivencia se concrete sin afectar actividades que tienen una presencia histórica en el territorio.
Los alcances del cambio normativo
El jerarca también advirtió sobre las consecuencias que podría tener la eliminación del límite departamental del 8% para la forestación en suelos con índice Coneat superior a 88. Según explicó, el régimen nacional establece que los proyectos forestales de entre 40 y 100 hectáreas deben cumplir condiciones específicas para acceder al Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, entre ellas que al menos la mitad del proyecto se ubique en suelos considerados de aptitud forestal o de prioridad forestal.
De acuerdo con su interpretación, si se elimina la restricción departamental, ese régimen permitiría que hasta la mitad de la superficie de los proyectos comprendidos en ese tramo se ubique en suelos que no reúnen aquellas condiciones. También advirtió que las plantaciones menores de 40 hectáreas no están comprendidas en el registro específico previsto por el Decreto 405/021.
A partir de ese escenario, planteó que no se conoce cuál sería el impacto concreto de la modificación sobre la producción familiar, agrícola y lechera del departamento. “¿Alguien analizó el impacto que este cambio normativo tiene en el sistema de producción familiar, agrícola, lechero del departamento?”, preguntó.
Nario señaló que también debe cumplirse el procedimiento legal
Además de sus cuestionamientos sobre el contenido de la iniciativa, Nario planteó reparos sobre el procedimiento utilizado para promover la modificación. El funcionario sostuvo que las directrices departamentales de ordenamiento territorial no pueden modificarse mediante un trámite legislativo ordinario sin contemplar las etapas previstas en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
El artículo 29 de esa ley establece que las modificaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial deben realizarse mediante instrumentos de igual jerarquía y observar los procedimientos previstos para su elaboración y aprobación, recordó Nario, y agregó que la norma también contempla que los instrumentos puedan establecer procedimientos menos exigentes para modificaciones que hayan sido definidas como no sustanciales.
Para Nario, la modificación planteada en Colonia requiere un proceso que permita la participación de la sociedad y de los actores involucrados. “La lógica del legislador cuando dice la ley de ordenamiento es que los procesos territoriales sean participativos, porque involucran a la sociedad en ese territorio”, afirmó. En ese sentido, señaló que el procedimiento debería incluir instancias de puesta de manifiesto, consulta y participación, además de la intervención del Ministerio de Ambiente. “Más allá de lo conceptual, que es un error no hacerlo, en lo formal también se están salteando los procedimientos que establece la ley de ordenamiento”, sostuvo.
