La Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en un proceso que incluyó idas y venidas por parte de los legisladores oficialistas, aún no se ha expedido acerca del pedido de juicio político al exalcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, que en setiembre de 2021, junto a otras personas, fue condenado a prisión por varios delitos de corrupción a la administración pública.
Ese trámite parlamentario fue iniciado a pedido de la Junta Departamental de Colonia, promovido por los ediles del Frente Amplio, algunos de los cuales temen que Sánchez pueda volver a regentear ese municipio coloniense antes que culmine 2023.
Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y a un año de libertad vigilada; además, la justicia dictaminó que el denominado Hombre de las mil gauchadas tampoco pudiera ejercer cargos públicos durante dos años. Pero el exalcalde fue liberado a fines del pasado año, antes de que cumpliera con el período de pena efectiva de prisión fijado por la Justicia.
El edil frenteamplista Emmanuel Martínez, en diálogo con la diaria, advirtió que en setiembre vencería la pena de prisión efectiva y que Sánchez podría volver a ser alcalde de su localidad a partir de ese momento, en caso de que no avance el juicio político. “Si el Senado no lo destituye, podría volver a ocupar el cargo de alcalde, un cargo que él utilizó para dirigir una asociación para delinquir”, comentó Martínez.
El pedido de juicio político aún está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación, que “no ha podido avanzar” por la postura de los senadores pertenecientes a la “coalición multicolor de no resolver este tema hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no se expida por el pedido de nulidad” que realizó Sánchez al respecto, explicó José Manuel Arenas, también edil de esa fuerza política.
“El trámite podría avanzar de todos modos y el Parlamento podría votar la destitución de Sánchez, porque existe la posibilidad cierta de que vuelva a ser alcalde una vez que cumpla el tiempo de prisión efectiva”, estableció el edil. Arenas explicó que la sanción para ejercer cargos públicos por dos años comenzó a regir al momento de la condena, por lo cual “eso no sería un impedimento” para el retorno de Sánchez antes de que termine el año.
Además, relativizó “el peso del tiempo de la pena de libertad vigilada”, porque si bien “Sánchez técnicamente debería tener la ciudadanía suspendida como cualquier persona que está cumpliendo una condena, la comunicación de las condenas entre los juzgados y la Corte Electoral no siempre se realiza”.
En tanto, Martínez recordó que Sánchez no podrá volver a presentarse como candidato en las próximas elecciones municipales porque fue electo alcalde de Florencio Sánchez en dos elecciones consecutivas y que más allá de que fuera condenado por delitos de corrupción, mantiene un alto nivel de popularidad en esa localidad. “Prácticamente fue recibido en una caravana cuando salió de la prisión”, comentó.