Una veintena de trabajadores de Cambio Aspen llevan siete meses sin cobrar las liquidaciones correspondientes tras el cierre de esa empresa, que dejó de funcionar el 28 de febrero en sus locales de Colonia del Sacramento, Montevideo y Punta del Este. En Colonia del Sacramento, esa sucursal funcionaba en la esquina de General Flores e Intendente Suárez, en un local que actualmente se encuentra en refacción para alojar a una cadena de hamburgueserías a partir de las próximas semanas.
Según relató a la diaria uno de los empleados afectados, el único pago que recibieron después del cierre fue el correspondiente al último sueldo, depositado durante los primeros días de marzo. Desde entonces, no lograron cobrar las partidas correspondientes a liquidaciones de aguinaldos, licencias e indemnizaciones.
“Lo único que cobramos luego del cierre fue el sueldo, que nos lo depositaron los primeros días de marzo. Pero luego de ese depósito no cobramos nada, ni un peso”, afirmó el trabajador.
El reclamo ya pasó por dos instancias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con la abogada Agustina Durquet que representa a los empleados. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo para el pago de las liquidaciones y los trabajadores iniciaron una demanda laboral.
En la primera instancia desarrollada en el MTSS compareció una abogada en representación de la parte empresarial que, según comentó el trabajador consultado, no tenía información suficiente sobre el caso. En la segunda convocatoria se presentó un abogado que representaba a Daniel Pérez Montero, propietario de la casa de cambio, y no directamente a la empresa.
El trabajador aseguró que no hubo propuestas para alcanzar un acuerdo ni manifestaciones de voluntad de pago por parte del empresario. “Ni siquiera hubo intento de acuerdo para pagar las liquidaciones”, sostuvo.
La situación afecta a empleados de tres departamentos. En la sucursal de Colonia trabajaban siete personas y en la de Punta del Este, otras cuatro. El resto del personal se desempeñaba en Montevideo.
La cantidad de locales también había disminuido respecto a etapas anteriores. Según explicó el trabajador, Cambio Aspen había llegado a contar con varias sucursales, aunque en su último período de actividad mantenía solamente tres en las citadas localidades.
El nombre de Daniel Pérez Montero salió a luz en las últimas semanas en distintos medios de prensa, tras haber sido asaltado en el barrio Punta Carretas de Montevideo, mientras portaba una bolsa con alrededor de 20.000 dólares.
La sanción del Banco Central
El conflicto laboral se produce en un contexto en el que la empresa vinculada a la casa de cambio había sido objeto de actuaciones del Banco Central del Uruguay (BCU). Esa sanción derivó en la pérdida de servicios que ofrecía la casa financiera, como las terminales del BROU para retiro de dinero o el cobro de algunos tributos de organismos públicos, lo cual originó la pérdida de clientes, según supo la diaria.
En octubre de 2025, Cadena del Mar de Maldonado informó que la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU había sancionado a Segural SA, firma vinculada a Daniel Pérez Montero, por incumplir la obligación de comunicar oportunamente hechos relevantes relacionados con la situación judicial de su accionista.
Según esa publicación fernandina, la sanción estuvo vinculada a antecedentes de una investigación penal en Brasil en la que Pérez Montero era investigado por presuntos delitos de evasión de divisas e integración de una organización criminal. El organismo regulador había señalado que las casas de cambio deben informar hechos que puedan afectar la idoneidad de sus accionistas con control efectivo.
Además, el citado medio señaló que Segural SA registraba antecedentes por infracciones similares desde 2024 y que la firma no había presentado descargos dentro del plazo correspondiente al procedimiento administrativo.
Sobreseído por lavado de activos en Argentina
Otro antecedente vinculado a Pérez Montero tuvo una resolución judicial en julio de 2026. La Cámara Federal de Buenos Aires revocó los procesamientos y dispuso el sobreseimiento del financista uruguayo y de Mario Alberto Ribeiro Ricci en una causa por presunto lavado de activos relacionada con Gustavo Gentili, exdirector del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante los gobiernos kirchneristas.
La resolución fue informada por Infobae el 8 de julio de este año bajo el título “La Cámara Federal sobreseyó a dos financistas uruguayos acusados de lavar activos para un funcionario kirchnerista”.
La investigación, que llevaba varios años, examinaba operaciones financieras que, según la hipótesis inicial de la fiscalía, habrían permitido canalizar fondos provenientes de presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública argentina. Entre las operaciones analizadas figuraba un supuesto contrato de préstamo entre la firma argentina Febaro, controlada por Gentili y su esposa, y la financiera uruguaya Aspen Trading, vinculada a Pérez Montero.
En octubre de 2025, el juez federal Sebastián Casanello había procesado a los dos operadores financieros y dispuesto embargos. La defensa apeló la decisión y el expediente llegó a la Cámara Federal.
Al revisar las actuaciones, los camaristas entendieron que no se habían incorporado pruebas nuevas suficientes para demostrar que Pérez Montero y Ribeiro Ricci conocieran el origen ilícito de los fondos o que hubieran actuado representándose como probable esa circunstancia. Para atribuir responsabilidad penal por lavado de activos, señalaron, no bastaba con formular suposiciones a partir del papel profesional de los acusados.
Por ese motivo, el tribunal revocó los procesamientos y los embargos y dispuso el sobreseimiento de ambos.