Una resolución expedida por el Juzgado de Paz de Juan Lacaze desestimó un recurso presentado por la Intendencia de Colonia para retirar un portón que fue colocado en el camino de acceso a Puerto Platero en agosto de 2022, a unos 500 metros de la costa. La intendencia apeló esa resolución de primera instancia, y será la jueza civil de Rosario quien defina esta situación.
Según informó la diaria, en 2022 el propietario del terreno en el que se encuentra el camino de acceso a la playa Puerto Platero colocó una tranquera que impide el paso de personas y vehículos a esos lugares. El ingreso a esta zona de la franja costera coloniense está ubicado en el kilómetro 147,5 de la ruta 1. En ese momento trascendió que el dueño de esas tierras habría tomado esa medida para frenar la tala indiscriminada de árboles en esa zona, así como el ingreso de personas que practican pesca irregular.
En octubre, el director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Colonia, Martín Avelino, anunció que la comuna iniciaría acciones legales contra el propietario de un establecimiento rural que colocó ese portón. El funcionario explicó que la comuna coloniense presentó el reclamo en el Juzgado de Paz de Juan Lacaze, “tal como lo prevé el Código Rural”. Desde entonces no habían trascendido más noticias sobre esta situación.
Sin embargo, la pasada semana, al ser consultado por Canal 3 de Colonia del Sacramento sobre este tema, el jefe comunal coloniense, Carlos Moreira (Partido Nacional), informó que el juez de Paz de Juan Lacaze había fallado en contra del pedido efectuado por la Intendencia de Colonia, quien ya presentó un recurso de apelación en el Juzgado Letrado de Rosario.
“El Juzgado de Paz de Juan Lacaze falló a favor de los dueños del predio, entendiendo que el derecho de propiedad les da la posibilidad de colocar ese portón. Nosotros esperamos que tras la apelación, en segunda instancia, nos asista la posición”, expresó Moreira. El intendente de Colonia dijo que el argumento de la intendencia para efectuar esa demanda radica “en que se trata de un camino de uso público”.
El abogado de los propietarios de ese terreno, Julio Basanta, quien además es edil del Partido Nacional, discrepa con el argumento utilizado por los abogados de la Intendencia de Colonia en este caso. “La intendencia presentó una acción basada en el Código Rural para pedir que se abriera ese camino y en base a una ley de caminos públicos de 1935”, dijo el abogado a la diaria, y agregó que esa ley establece “cómo un camino llega a ser público”. Y detalló que esa norma establece que hay tres categorías de caminos públicos: “las rutas nacionales, los caminos departamentales y los caminos vecinales”.
En este caso “lo que estaría en discusión es si el camino donde se colocó el portón es un camino vecinal” y esa ley “dice que la junta departamental debe determinar cuando un camino es vecinal, y en este caso nunca hubo una declaración al respecto” por parte de ese organismo.
Basanta afirmó que “ese camino no conduce a ningún otro lado que no fuera el establecimiento donde funcionaron las canteras y atravesaba un terreno privado” y que “todos los planos marcan” que ese sendero “finaliza a 500 metros de la costa donde fue ubicado el portón”. Ese sendero y su continuación, que conduce a la costa,“mientras no hubo problemas pudo ser usado por los vecinos que querían ir directamente por allí”, “contando con la buena voluntad de los propietarios del terreno”.
Pero, “la situación cambió” con el arribo de los pescadores y montaraces, comentó Basanta. El portón fue colocado “por sugerencia de Prefectura, porque hubo un momento donde se instaló un campamento, con 62 lanchas, camiones refrigerados, casas rodantes y llegaba gente con motosierras y cortaba los árboles allí plantados”, dijo Basanta.
Si bien la intendencia “intervino en el mantenimiento de ese camino” en más de una oportunidad, nunca hubo un pedido por parte de los propietarios del terreno para que lo hiciera”, aseguró el abogado. Esos antecedentes de mantenimiento a cargo de un organismo del Estado “no implica que el camino fuera de uso público”. “Con ese criterio si un día a alguien de la intendencia se le ocurre mandar una motoniveladora a un campo privado para arreglar un camino, esa acción vuelve de propiedad pública a ese camino, y eso no es así, porque, además, sería algo ilegal que la intendencia haga eso, y los actos ilícitos no generan derechos”, argumentó.
Además, el abogado aseguró que la colocación de ese portón no afecta el derecho de acceso a las costas, “que es algo que no se discute en este caso”. “La gente puede seguir llegando a la playa a través de la última bajada del balneario El Ensueño o por la playa Matamora, lo que no podrá hacer es atravesar un terreno que es privado, como en este caso”, agregó.
En caso que la jueza civil de Rosario “confirme lo que dijo el juez de Juan Lacaze, se termina el asunto. Y en caso que la jueza revoque lo actuado nos da paso a nosotros, y ahí deberíamos confirmar que se trata de un camino privado, y tenemos suficiente documentación para hacerlo”, adelantó el encargado de la defensa de los propietarios del terreno donde se colocó el polémico portón.
Según Basanta, en caso que la apelación tampoco le dé la razón a la Intendencia de Colonia en este caso, “ningún organismo va a expropiar ese camino”. “Qué sentido tendría hacer eso, y ya no hablo como abogado, sino como ciudadano. ¿Cuál sería el sentido de gastar dinero en eso? Que la intendencia gaste la plata en cosas más urgentes, porque éste no es un tema razonable ni de interes general”, opinó.